El lío sobre el cierre de las minas Calenturitas y Jaguas, tenía en disputa a las comunidades aledañas a estos socavones sobre lo que sería el cierre de estas, ya que la empresa que estaba trabajando allí, Prodeco, hace un par de años decidió renunciar a sus títulos, librándose de la responsabilidad de este proceso final tras las exploraciones y extracciones en dichos territorios. Distintas organizaciones sociales comenzaron el pleito para que esta compañía, subsidiaria de la multinacional Glencore, se sentara con ellos y el Estado, con el fin de definir como se clausurarían dichas minas.
Cómo es usual, el impacto ambiental tras las exploraciones en los socavones es muy significativo, al punto de que se denunciara, por varias comunidades del Cesar, que las labores secaron unos afluentes y contribuyeron a la contaminación. Por ejemplo, al momento del anuncio de Prodeco sobre su salida de las minas, argumentando el desplome de la demanda mundial de carbón, el entonces senador y líder indígena, Feliciano Valencia, declaró:
Pues tras la lucha de las comunidades, el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, en respuesta de una acción de tutela, colocada por más de 15 comunidades, donde se le solicitaba a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y lógicamente a Prodeco, que se les brindara un espacio a estos actores sociales para discutir el plan de cierre de las minas Calenturitas y La Jagua.
La organización no gubernamental, Tierra Digna, en representación y agrupación de comunidades afros, indígenas, sindicatos y demás, fueron los que dieron a conocer la decisión del tribunal, celebrando el fallo y contextualizando los alcances de esa determinación.
Aseguran que el fallo se dio, en parte, porque se reconoce que se vulneraron los derechos de las comunidades para que participaran y accedieran a la información del cierre de las minas, obligando a que, en un plazo, no mayor a un mes, se pusiera en total conocimiento dichas determinaciones.
Tanto Prodeco como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tendrán que realizar las convocatorias de las personas, con el fin de realizar la mesa de diálogos, incluso, difundiéndose en medios de comunicación.
Concluyen manifestando que las actividades mineras han generado un importante impacto ambiental, que se evidencia en la contaminación de los territorios, falta de agua, incluso dice ellos, en hambre y desempleo. Además, consideran que este es uno de los indicios de las políticas de transición energética que plantea el gobierno nacional.
El comunicado completo a continuación:
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