![La magistrada Catalina Díaz de](https://www.infobae.com/resizer/v2/XJ5LB5EFXBGGPDSWBBSFJDL3XI.jpg?auth=53135fd7adc51410dc9b3a3cef3080a0f906497926fb0f9d6c848dd3e496ccba&smart=true&width=350&height=197&quality=85)
El pasado 23 de agosto, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal refutó la cifra de asesinatos a civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado, que fueron recogidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que las 6.402 víctimas eran un “invento” de la justicia transicional.
Así lo aseveró la senadora del partido de oposición en medio de una entrevista con el programa radial Tropicana, en el que señaló que la “creación de narrativas falsas” impediría la construcción de un “país viable”, haciendo referencia a la grave cifra de ‘falsos positivos’ revelada por el tribunal de paz.
“La JEP, que es un tribunal diseñado a medida de las FARC se ha enseñado a decir mentiras como las ha dicho el padre Francisco de Roux (...) Los 6.402 son un invento de la JEP. Le pregunto al tribunal que me pase el nombre de las víctimas y me dice que es reserva. Tan chistositos. Y le digo a la Fiscalía y me dicen que hay 2.200 investigaciones y cuál es la diferencia”, aseguró la parlamentaria, que se perfila como líder de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, este martes 30 de agosto, en medio de la presentación del Caso 08 de la JEP con el que se investigarán los “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”, la magistrada Catalina Díaz se refirió al pronunciamiento de la parlamentaria.
Durante la rueda de prensa, la magistrada hizo una invitación a leer las decisiones de la JEP en las que se ha explicado detalladamente la manera en la que han sido identificadas estas 6.402 víctimas, las cuales “tienen un nombre, un apellido y un número de cédula”, y las cuales se pueden verificar con el cruce de información oficial de la Fiscalía General de la Nación y los registros de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
“No damos abasto para recibir las confesiones de soldados, tenientes, cabos y coroneles que quieren reconocer los crímenes, entre asesinatos y desapariciones forzadas cometidos para ser presentadas estas víctimas como falsos positivos. En las investigaciones que se han liderado en el Casanare hemos encontrado cifras que demuestran que más del 80 % del informe de bajas eran falsos positivos”, indicó la magistrada Díaz.
Asimismo, explicó que las pruebas y la evidencia están en los autos de determinación de los hechos y conducta que ha dictado la justicia transicional y que fueron cometidos en todo el territorio nacional, pero especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Casanare y el municipio de Dabeiba, así como los falsos cometidos por el Batallón La Popa, que registra algunas de las cifras más altas de este crimen de lesa humanidad.
La senadora del Centro Democrático ha sido una de las mayores críticas del tribunal de paz y una férrea defensora de la fuerza pública, quien en reiteradas oportunidades ha desmentido la cifra de los falsos positivos y le ha buscado restar relevancia a este crimen de guerra con el que se buscaba dar una imagen de victoria frente a la desmovilizada guerrilla de las FARC en medio del conflicto armado. El mayor número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales se concentran en el periodo presidencial de Álvaro Uribe, jefe político de la parlamentaria.
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