Delegación de Estados Unidos llegará a Colombia para coordinar agenda de paz y lucha antidrogas con gobierno Petro

Política antinarcóticos, seguridad, paz y derechos humanos serán algunos de los temas que abordarán los funcionarios norteamericanos durante la agenda con el gobierno colombiano

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Todd D. Robinson, subsecretario de
Todd D. Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)

Dos semanas después de la posesión presidencial, una nueva delegación diferente a la que asistió al inicio del mandato del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por parte de Estados Unidos llegará al país para discutir principalmente la agenda de seguridad del nuevo gobierno, tanto sus planes de paz total como lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Estado de los EE.UU., la delegación estará compuesta por Todd D. Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL); Rahul Gupta, director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas (ONDCP por sus siglas en inglés) y Peter Natiello, administrador adjunto senior de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Los delegados del gobierno norteamericano del presidente Joe Biden viajarán al país a partir de este 21 de agosto y permanecerán hasta el próximo 25. En ese tiempo, sostendrán reuniones con altos funcionarios del gobierno nacional para conversar sobre diferentes programas.

Principalmente, el interés de la delegación estará en la cooperación de Estados Unidos y Colombia respecto a la implementación de la paz, incluida la protección del ambiente, seguridad, desarrollo rural, derechos humanos, agenda antinarcóticos y crimen transnacional.

“Tras el anuncio del secretario Nuland en febrero de 8 millones de dólares para iniciativas policiales relacionadas con derechos humanos, el subsecretario Robinson lanzará dos acuerdos respaldados por INL por valor de 3.85 mil millones de dólares para fortalecer la las políticas institucionales de derechos humanos y establecer un centro de normas policiales en la Policía Nacional de Colombia”, señaló el Departamento de Estado.

La delegación buscará mantener los lazos de colaboración entre ambas naciones bajo la administración de Gustavo Petro, entre ellas se hará el anuncio de avances respecto a asociaciones con la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Colombo Plan.

Esta visita se realiza justo al inicio del gobierno Petro, cuando se han anunciado iniciativas respecto a un cambio en la lucha contra las drogas desde el gobierno colombiano, así como emprender programas para consolidación de la paz, como es retomar conversaciones con el ELN y el sometimiento de otros grupos armados.

“Si la actividad por la cual se vende cocaína es tener dinero, porque para qué más se vende cocaína, y la venta del dinero, o más bien la venta de la cocaína vuelta dinero, se tramita en nuestra economía nacional, a través de operaciones, megaoperaciones de lavado de activos, explíqueme alguien cómo con instrumentos militares se puede destruir la organización de lavado de activos”, sostuvo el presidente durante la toma de mando del nuevo comandante de la Policía Nacional.

Petro propuso un nuevo tratamiento hacia los campesinos cultivadores de coca. “La Policía Nacional no está para llegar a una casa de una familia campesina y porque cultivó hoja de coca, arrastrarlos hasta las cárceles; 25% de los presos en las cárceles son campesinos de Colombia”, señaló.

Estos hacen parte de los cambios que proyecta el nuevo gobierno respecto a la política de seguridad, que involucra el combate de las organizaciones de narcotráfico. Estas competen a Estados Unidos, que ha firmado varios compromisos a cambio de apoyo para lograr metas en ese sentido, como reducir en un 50 % los niveles de producción de cocaína y cultivo de coca del 2017, con una meta fijada para 2023.

La tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia se frenó en 2018, pero el número de hectáreas sembradas sigue en máximos históricos pese a que pasó de 171.000 en 2017 a 154.000 en 2019, según los informes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc).

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