El jueves 18 de agosto, la Arquidiócesis de Medellín envió una declaración en video a través de sus redes sociales, según la cual tienen la disposición para acatar la orden —proferida por la Corte Constitucional en junio pasado— de entregar al periodista Juan Pablo Barrientos los archivos privados sobre casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos.
El arzobispo Ricardo Tobón manifestó que fueron notificados por el tribunal sobre el fallo de tutela a favor del comunicador. “Respetuosos de la ley y con la firme decisión de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, el pasado 12 de agosto hemos solicitado a la corte la aclaración de algunos puntos de su fallo que hemos encontrado confusos”, añadió.
“Una vez recibidas esas precisiones, que consideramos importantes, nuestra arquidiócesis procederá a cumplir con el fallo dentro de los criterios que establezca la Corte Constitucional. Hacemos pública esta declaración para que no exista ninguna duda ni mala interpretación sobre nuestra total disposición de cumplir con nuestro compromiso de contribuir con las investigaciones y llegar a la verdad”, manifestó el sacerdote.
Si la autoridad religiosa cumple con su palabra, este sería un avance en la búsqueda que adelanta Barrientos, quien ya ha publicado dos libros con resultados investigativos sobre el mismo tema: Dejad que los niños vengan a mí y Este es el cordero de Dios. Desde hace varios años, Barrientos había pedido a las autoridades clericales que le entregaran los archivos y documentos sobre las denuncias por acoso sexual o acceso carnal abusivo, pero por la negativa de los religiosos las quejas llegaron a instancias penales.
En total, hasta el momento, se reseñan 915 sacerdotes que al parecer están vinculados a casos de violencia sexual; algunos de los cuales se han librado de las consecuencias porque fallecieron o porque los retiraron del cargo. Además, existe la posibilidad de que la cifra sea mayor, ya que muchas víctimas y familiares han preferido no ahondar en su tragedia y cargar con su pena sin entablar la denuncia.
El 5 de marzo del 2020, la Arquidiócesis de Medellín emitió un comunicado tras la primera decisión de la Corte Constitucional que le ordenó entregar archivos sobre estos casos de pederastia. En ese momento negó la existencia de redes de pederastia o archivos secretos sobre este delito. No obstante, reconocieron que manejan documentos privados, amparados en la protección de la Ley Habeas Data, y aseguraron que no están obligados a publicarlos.
A pesar de las negativas y las trabas, Barrientos no desistió. Tras la evasiva a la petición emitida desde el 19 de febrero de 2019 por la Corte Constitucional, el tribunal reiteró la decisión inicial de forma unánime: la Arquidiócesis de Medellín estaba obligada entregarle, en un plazo no mayor a 48 horas, los “archivos secretos” que relacionan a los sacerdotes en los casos de pederastia.
“La Arquidiócesis de Medellín efectivamente desconoció el derecho de petición de información al no entregarle datos semiprivados que tiene en sus archivos sobre sacerdotes probablemente implicados en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”, decía el fallo
De hecho, el alto tribunal determinó que la información tiene una importante relevancia de carácter constitucional, porque quien la solicita es un periodista en medio de su función social. Por lo tanto, la iglesia tiene la obligación de contestar la totalidad de las peticiones que les ha hecho Barrientos en todos estos años.
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