Este jueves 11 de agosto a las nueve de la mañana estaba programada una audiencia virtual para definir si Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido con el alias de Don Berna, sería o no expulsado de la ley de Justicia y Paz, con lo cual perdería los beneficios concedidos a los paramilitares tras su desmovilización.
No obstante, Don Berna —quien está recluido en la cárcel de Indiana (Estados Unidos)— volvió a dejar plantada a la magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. El juzgado tomó la decisión de aplazar esta audiencia 18 días más. Si vuelve a faltar, en esa oportunidad se leería en ausencia la decisión formal de excluirlo de ese marco jurídico —o la de mantenerlo, para que la Fiscalía General de la Nación se oponga—.
Tener que hacer la audiencia de expulsión sin él es bastante probable, dado que ha hecho lo mismo en varias oportunidades: precisamente, el exjefe paramilitar extraditado se comprometió a asistir todos los lunes a unas audiencias libres. Hubo tres en las cuales, a pesar de ser citado con antelación suficiente, contestó que no iría y tampoco las reprogramaría.
Los abogados de Murillo Bejarano manifestaron que su representado no tenía intenciones de presentarse por el “ambiente hostil” que vive en la cárcel, donde ha permanecido recluido desde 2008. Ellos aseguran que Don Berna está en malas condiciones físicas y emocionales, que el centro penitenciario no tiene conectividad y que teme por su vida porque otros internos se han enterado de que los está delatando en sus colaboraciones con Justicia y Paz.
Por ello, no volvería a presentarse en las audiencias si no lo cambiaban de prisión. También se especula que esta seguidilla de ausencias de Murillo Bejarano puede ser un intento suyo por presionar para una rebaja de pena en su condena por narcotráfico.
La Fiscalía le solicitó formalmente al tribunal de la capital antioqueña que Don Berna sea expulsado de la ley, dadas las ausencias por más de nueve meses a las audiencias —que el ente acusador califica de injustificadas—, el poco valor de sus declaraciones para esclarecer las acciones criminales en las que participó y la apatía con el proceso de reparación a las más de 1.500 víctimas.
Precisamente a ellos, contra quienes cometió delitos como homicidio, desaparición, desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, entre muchos otros, les preocupa que la expulsión del exparamilitar afecte sus indemnizaciones. Sin embargo, las autoridades han dicho que ya hay una ruta trazada para la recuperación económica y material de los hechos victimizantes. Por ello, los afectados han dado su visto bueno para que sea expulsado de Justicia y Paz.
Dos casos ejemplares en los que Don Berna estuvo involucrado son los del asesinato del humorista Jaime Garzón y el del abogado Eduardo Umaña Mendoza. Los representantes legales de ambas familias han pedido que el sindicado pierda los beneficios legales.
“Las víctimas han sido defraudadas en su derecho a la verdad. Su silencio es una protección de los agentes del Estado que participaron en ejecución extrajudicial del abogado José Eduardo Umaña Mendoza”, dijo en mayo la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia.
“Don Berna” o “Adolfo Paz” quien se encuentra recluido desde el 2008 en los Estados Unidos, fue condenado a 32 años de prisión por narcotráfico. Su participación en la ley para desmovilizados le permitía reducir esa sentencia a solo ocho, pero su expulsión le quitaría el beneficio.
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