Acaba de concluir la audiencia pública, donde se esperaba un oferente que salvara a la empresa Mercadería S.A.S, dueña de la cadena de supermercados Justo & Bueno, la idea era esperar a que alguna compañía o cualquier capital se presentara con la intención de respaldar las multimillonarias acreencias y responsabilidades que se adeudaban. El juez en concurso, Santiago Londoño, dio por concluida la diligencia sin que nadie se presentara, por lo que automáticamente se reanuda el proceso de liquidación, en otras palabras, se acaba definitivamente Justo & Bueno.
El punto es que ninguna de las personas a las que se les adeudaba, arrendadores, proveedores y diferentes acreedores, querían que se llegara a esta instancia, principalmente porque esto los dejaría a la deriva sobre alguna posibilidad para recuperar su dinero
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Según el gerente liquidador, Darío Laguado, para lograr el salvamento se necesitaban más de 303.149 millones de pesos, los dos posibles oferentes eran Alfonso Giraldo y Marco Gerardo Monroy, pero, desde ayer se sabía que los supermercados ya estaban condenados a desaparecer.
Sobre la media noche de ayer, Giraldo publicó una carta dirigida a los acreedores, donde además de señalar que no habría salvamento, criticaba las acciones y determinaciones de la Superintendencia de Sociedades, pero, al parecer, ya se tendría un ‘plan’ para reconstruir la compañía:
“Queremos anunciarles que, de no darse el salvamento, tenemos la firme decisión de construir una nueva oportunidad para todos, integrando las voluntades, esfuerzos y trayectoria de los diversos actores que hicieron parte de Justo & Bueno”.
Según la carta, la próxima semana se daría a conocer la nueva propuesta de lo que sería la ya liquidada empresa, dándole así tranquilidad a los deudores y cumpliendo su voluntad para que se hiciera el salvamento.
Por parte de Monroy, el otro interesado, aseguró que el salvamento no era viable financieramente, ya que el nivel de riesgo era muy alto y posiblemente se volviera a fracasar:
“estudios exhaustivos realizados por un equipo de especialistas del sector durante los últimos seis meses y especialmente con fundamento en el inventario del liquidador, concluyeron que los retornos esperados con una posible inversión de la cuantía que exigiría la operación de salvamento, no son conmensurables con el nivel de riesgo, incertidumbre y el gran esfuerzo que la reactivación implica”.
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De hecho, durante la audiencia, el juez Londoño llamó a los dos oferentes, pero, ante la negativa se ordenó levantar la suspensión, lo que da vía libre para que se continúe con el proceso de liquidación, que dentro de sus efectos más inmediatos está el que se deben entregar todos los locales a los propietarios en un plazo no mayor a 24 horas.
De hecho, los enseres que estén dentro de las más de mil tiendas y que no sean de los mismos propietarios del local, tendrán que sacarlos a la mayor brevedad, ya que, en un cronograma que presentará el liquidador, de no más de 20 días, dichos inmuebles volverán a manos de sus dueños originales.
Así las cosas, más de 5 mil personas, oficialmente, se quedaron sin trabajo, las más de mil tiendas quedarán desocupadas y las deudas totales quedaron superando los 1,7 billones de pesos, entre las que se acumulan cánones de arrendamiento, pagos de nómina, a proveedores, entre muchas otras responsabilidades administrativas.
La labor que empezará a hacer el liquidador Laguado será hacer el inventario, formular un plan de prioridades para seleccionar a que acreedor se le paga primero, evitar saqueos durante la entrega de los inmuebles, y lógicamente los miles de personas que además de quedarse sin dinero, se quedaron sin trabajo definitivamente.
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