Este miércoles 27 de julio, la Procuraduría General de la Nación impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenaba al director de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Luis Fernando Sanabria, pagar al consorcio Expansión Salitre PTAR el valor de la obra, que tiene como objetivo la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales al occidente de la capital.
El Ministerio Público consideró como “desafortunada y alejada del ordenamiento jurídico” la orden del tribunal que instaba al director de la CAR a pagarle al consorcio la suma adeudada por el Contrato Llave en mano No. 803/2016 y la cual había sido enviada a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, quien había dado por desacatada la orden de poner en funcionamiento la planta.
“El juez de los derechos colectivos no tiene competencia para pronunciarse y resolver asuntos sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales, y que, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional a las partes, se les deben garantizar el debido proceso, lo que no ha acontecido en este caso”, señaló el órgano de control en el recurso de reposición.
A su vez, aclaró que la orden de pago no podía considerarse legítima o valida sin que se comprobara el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo, circunstancia que no se ha producido como se ha podido evidenciar en los informes que vinculan los defectos, daños y averías de la PTAR Salitre, los cuales fueron denunciados por la alcaldesa de la capital, Claudia López.
Por último, la Procuraduría informó que ha hecho parte de nueve audiencias y mesas de trabajo con el propósito de preservar el patrimonio público, razón por la cual el pasado 24 de junio alertó sobre las fallas e incumplimientos de este proyecto que no estaría en condiciones de operar, y que, según la primera mandataria, pondría en riesgo la descontaminación del río Bogotá.
Este pronunciamiento del órgano de control se produce un día después que la alcaldesa de la capital denunciara la falta de condiciones de esta planta para su entrada en operación, razón por la cual exigió al consorcio constructor que entregara la obra “sin deficiencias en su operación, conforme a lo contratado”.
Desde 2021, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) también viene señalando que la planta no está lista para operar. Estas advertencias han aumentado a falta de menos de dos meses de que termine el contrato de construcción, que está programado para expirar en septiembre.
De hecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó empezar a operar la Ptar a pesar de que la CAR no la ha recibido. También solicitó que se le pagara al Consorcio Expansión Ptar Salitre (CEPS) los recursos que está reclamando y que de acuerdo con la CAR Cundinamarca, son menores de los solicitados. CEPS exige el pago de 150 mil millones de pesos, pero CAR insiste que el pago debe ser de solamente 117 mil millones.
La CAR fue la encargada de contratar al consorcio CESP en 2017 para la construcción de la planta, que asciende a 1,5 billones de pesos.
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