Recientemente la JEP llevó a las audiencias en las que el exsecretariado de las extintas Farc reconoció su responsabilidad en el delito de secuestro durante el conflicto armado. Dentro de ese caso, está lo relacionado con los diputados del Valle que fueron asesinados mientras estaban en cautiverio.
Aunque durante las audiencias los excomandantes de la guerrilla extinta aceptaron su responsabilidad, las familias de las víctimas manifestaron que no se sienten satisfechas con la verdad “a medias” que entregaron los comparecientes.
Las familias recordaron que las víctimas son el eje central tanto del Proceso de Paz como de la Justicia Especial para la Paz, por eso exigieron que no se omitan los detalles y se cuente a fondo toda la verdad de lo que ocurrió en aquella época.
Acerca de las condiciones del cautiverio
Estas personas aseguraron que los exguerrilleros omiten y mienten sobre detalles de la estancia de los diputados en el cautiverio.
Se refieren, por ejemplo, a la alimentación y condiciones en las que permanecían privados de la libertad. En ese sentido, ls familiares señalaron que los funcionarios eran amarrados con cadenas en las manos y pies.
De acuerdo con estas personas, en el documento emitido por la guerrilla desmovilizada se lee que los secuestrado recibían una alimentación variada, como desayunos en los que se les suministraba “arepa con sardinas, chocolate o leche, huevos revueltos y pan”; además aseguran que les daban mazamorra, gaseosa y carne.
En ese mismo sentido, resaltaron que los diputados estuvieron sometidos a tratos inhumanos. Que los primeros meses de cautiverio no tenían ni siquiera cepillos de dientes o recipientes para la comida. Además, que usaban la misma ropa con la que fueron secuestrados para caminar por la selva.
Por otra parte, en el documento las familias le solicitaron a la JEP que se exija información detallada sobre otras personas que estuvieron involucradas en los secuestros, como el entonces vigilante de la Asamblea del Valle, que habría colaborado con la entonces guerrilla de las Farc.
“Se hace necesario que precisen el nombre de los guerrilleros que integraron dicha comisión que visitó la Asamblea Departamental, el de los supuestos miembros con experiencia urbana, la identidad del vigilante de la Asamblea que supuestamente les ayudó y el nombre del presunto miliciano que les iba informando sobre el ingreso de los diputados al recinto de la asamblea departamental”, dice el documento.
Además, indicaron que “se hace sumamente importante que las Farc-Ep digan toda la verdad, que dejen de responsabilizar de sus actos a sujetos que según ellos están muertos”.
Con esos argumentos, las familias de los diputados exigieron que los responsables paguen con la pena máxima, es decir ocho años de cárcel, los delitos cometidos en este caso.
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