El punto de la discordia en la Sentencia C - 258 del año 2013, emitido por la Corte Constitucional, que contempla el régimen de pensiones a: congresistas, magistrados de altas cortes y algunos otros funcionarios, una vez, finalicen su periodo legislativo. Pues dicha norma les puso tope a estas “mega pensiones”, así están consideradas, que sería como máximo 25 salarios mínimos mensuales; por esto los excongresistas consideran que se están vulnerando sus derechos, ya que estos recibían entre 35 y 40 salarios mínimos mensuales vigentes.
La demanda se remitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y este organismo ya la admitió. En este momento evalúa las pretensiones de los exfuncionarios, los cuales reclaman unos 80 mil millones de pesos, además de recuperar sus “mega pensiones”, monto que dejaron de recibir tras la decisión de la Corte Suprema y que deberá salir del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon.
Según se conoce, el fallo pretende “beneficiar” a unos 700 exparlamentarios, por esto, María Alicia Cabrera, quien representa a los demandantes, acusa que el Estado colombiano vulneró los derechos a la seguridad social y a la propiedad, argumentos que ya se los habían presentado a esta comisión, las cuales ya habían sido desestimadas.
Aunque la norma se haya promulgado hace ya casi una década, ha tenido algunas batallas y modificaciones a lo largo de los años, ya que buscan, de alguna forma, derogar la legislatura, empezando por el mecanismo, mediante el cual, se determinaba cual sería el monto para liquidar. Este se hacía sobre la base de los últimos 10 años trabajados, no del último, como lo estaban reclamando.
Dentro del listado aparecen ex senadores, ex magistrados de la misma Corte Suprema, ex representantes a la cámara, entre otros ex congresistas los cuales ya están fallecidos, por ejemplo: Alberto Santofimio Botero, Roberto Liévano Perdomo, Dagoberto Emiliani Vergara, María del Socorro Bustamante, Heraclio Fernández, María Isabel Mejía Marulanda, entre muchos otros.
De hecho, aparecen las viudas de quienes son los titulares de dichas pensiones, es el caso de Angélica Arango, esposa del fallecido excongresista Carlos Guillermo Eastman, o Miriam Bolivia Sánchez, conyugue de Aurelio Perea.
La lista que fue difundida por El Tiempo, no es nueva, en el sentido que varios de los integrantes ya habían intentado apelar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero, esta vez se pretende culpar al Estado. Es por esto que en la defensa del gobierno está la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ya que, en caso de admitirse y fallarse a favor de los demandantes, se tendría que retribuir a más de 700 exfuncionarios, por lo que la indemnización puede rondar el billón de pesos, además que de 25 millones que es el tope, podrían llegar a pagarse 45 millones de pesos mensuales para algunos de estos ex legisladores y trabajadores de la rama.
Uno de los casos más sonados es el de María del Rosario González, exmagistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien se remitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que el Estado violó sus derechos humanos
“en virtud de la adopción de una sentencia por parte de la Corte Constitucional que, al haber impuesto un tope máximo a las pensiones más altas del sector público, supuestamente generó una reducción o reliquidación del monto de su mesada pensional, la cual aún no había empezado a recibir al momento de presentar la petición ante la Comisión”, reseña el escrito de acusación.
Pues esta fue una de las demandas que fue desestimada por la CIDH, argumentando que la magistrada ya sabía cuál era el monto que recibiría para su jubilación, además que lo habría aceptado, por lo que no se evidenciaría ninguna violación de derechos humanos.
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