Por supuestas irregularidades relacionadas al uso de funcionarios y bienes públicos para asuntos personales, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis integrantes de la Policía Nacional que habían sido asignados al Comando del Departamento de la fuerza pública de Caldas.
Según una investigación del Ministerio Público, se pudo establecer que el coronel Necton Lincon Borja Miranda; el subcomisario, Nelson Cardoso Leal y el patrullero Sancarabín Barrera Bolívar habrían dado un uso diferente al institucional a un camión de la Policía, con el argumento de recoger material de intendencia en Caldas, Bogotá y el departamento del Meta, sin embargo, el camión habría sido utilizado para usos distintos.
“El ente de control también cuestionó la expedición, revisión, aprobación y firma de cinco órdenes de marcha del vehículo aduciendo que presuntamente no corresponden a la realidad, justificando así el uso y desplazamiento del patrullero en este bien público”, agregó la entidad.
A su vez, formuló pliego de cargos contra el intendente Carlos Arturo Correa Castro, quien supuestamente incurrió en falta disciplinaria al entregar datos inexactos en el trámite para la suspensión de vacaciones del patrullero Barrera Bolívar, por aparente necesidad del servicio, cuando el uniformado presuntamente había realizado el desplazamiento en el camión que fue utilizado para usos personales, “estando en situación administrativa de vacaciones los días del 4 al 8 de agosto y 23 de agosto del 2018″.
“”(…) aparentemente los datos suministrados en realidad tenían como propósito formalizar la situación irregular en la que se encontraba el mencionado patrullero, quien en ese momento estaba en vacaciones y al parecer estaba utilizando el vehículo para fines diferentes a los oficiales, y en la presunta situación irregular supuestamente le hurtaron ese camión en la madrugada del 24 de agosto de 2018″, señaló el Ministerio Público.
Por último, la Procuraduría indicó que el coronel posiblemente incurrió en falta gravísima al firmar una orden interna con la que se suspendieron las vacaciones del patrullero por una necesidad del servicio, cuando, al parecer, “tenía como propósito formalizar la situación irregular en la se encontraba el funcionario”.
A su vez, la institución había anunciado el pasado 6 de junio que formuló un pliego de cargos contra teniente que se desempeñaba como Comandante del distrito de policía VI Jamundí, para el Comandante de la Fuerza Disponible y el Comandante de la Estación La María de la Metropolitana de Cali. La procuraduría General de la Nación definió el comportamiento de los uniformados “como gravísimas a título de dolo”.
Se trata del hecho que ocurrió en el marco del estallido social del año pasado, el 28 de mayo del 2021 se conmemoraba un mes del Paro Nacional cuando la capital vallecaucana presenció una serie de actos violentos que llevaron tensión y pánico en las calles caleñas.
La Procuraduría indicó en el pliego “en la estación La María se presentaron dos actos violentos: uno protagonizado por manifestantes encapuchados violentos que vandalizaron el comercio e intentaron incendiar el CAI de Ciudad Jardín y el segundo la participación violenta de civiles que disparaban armas de fuego y/o traumáticas contra los manifestantes y no manifestantes”.
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