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Este miércoles 22 de junio se cumplió el segundo día de audiencias de reconocimiento de siete exmiembros del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc por los secuestros perpetrados en el marco del conflicto armado en Colombia. En esta diligencia, realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se abordó el patrón de secuestro con fines de financiamiento.
La política que se reconoció este miércoles, según la JEP, consistía en financiarse a través de secuestros. “En las conferencias nacionales guerrilleras, planes operacionales, en reuniones del Estado Mayor, en los planes tácticos de distintas unidades militares se repite la orden de privar de la libertad a civiles que tuvieran dinero para financiar las operaciones de las unidades militares”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre durante la diligencia de este miércoles.
Ante la presencia de Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, familiares de víctimas de esta práctica relataron los horrores de la guerra que vivieron por culpa de sus ‘tácticas’.
“No se laven las manos con las víctimas y sean honestos, digan la verdad y descansan, seguro pueden dormir tranquilos. Diciéndoles la verdad a las víctimas, ustedes van a poder descansar y van a tener tranquilidad y también les van a dar tranquilidad a miles de víctimas”, manifestó Yaneth Rosas.
Yaneth Rosas aún espera por su hermano Oscar, ingeniero civil que fue plagiado por las FARC el 15 de diciembre de 1997. “Nosotros venimos a asumir la crueldad que implicó este crimen, porque fue hacer rehenes a todas las familias”, fueron las primeras palabras de Pastor Alape, quien hizo un reconocimiento colectivo frente a esta práctica.
Y agregó que tienen toda la intención de reparar a las víctimas tanto desde las acciones propias como a las conclusiones a las que llegue la JEP en su sentencia final, pero explicó que muchos bienes de las Farc estaban ubicados en zonas de reserva y ha sido difícil monetizarlos para la reparación. “Ojalá algún día podamos reconciliarnos y nos puedan perdonar, sin olvidar”.
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Otra de las víctimas que estuvo presente en la audiencia realizada en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, fue Edward Osvaldo Díaz hijo del exconcejal de Palmira Oswaldo Díaz, secuestrado el 15 de octubre de 2001 cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento La Quisquina cerca de Palmira.
Con los ojos llorosos, Díaz escuchó el relato escalofriante por parte de los miembros del secretariado de las antiguas Farc. Fue Pablo Catatumbo quien se refirió al caso específico de su padre. ”Soy responsable por los crímenes de retención de la libertad con fines financiaros, como en el caso del señor Oswaldo Díaz.”
Durante la audiencia, el excomandante del bloque sur de la extinta guerrilla Joaquín Gómez aceptó su responsabilidad ante la JEP por esos crímenes de guerra y detalló que llegaron a cobrar a las familias por la recuperación de los cadáveres de los secuestrados que morían en cautiverio.
“Otro hecho es el pago por la recuperación de cadáveres, a veces la persona moría en cautiverio y a pesar de ello hubo muchos casos que a los familiares no se les decía nada, sino se les seguía cobrando, cuando la actitud más sensata era comunicarle a la familia y regresar el cadáver”, fueron sus palabras ante la JEP.
Las FARC reconocieron que, en algunas zonas del país, les pedían a los frentes unas cuotas producto de esta modalidad del secuestro extorsivo y, de esta manera, poder subsistir como organización, por lo que pidieron perdón.
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