Defensoría del Pueblo anuncia plan para respaldar el proceso de vigilancia electoral en la primera vuelta

Para lograr el objetivo se monitorearán, de forma especial, escenarios de riesgo identificados en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, en la subregión del Bajo Cauca, sur de Córdoba y sur de Bolívar

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Imagen de archivo. En total
Imagen de archivo. En total son 38.819.901 colombianos habilitados para votar en los comicios legislativos del 2022. Foto: Registraduría Nacional

Alrededor de 3.000 funcionarios de la Defensoría del Pueblo serán garantes de la jornada de votación, en la que se elegirán al presidente y vicepresidente de la República de Colombia el próximo domingo 29 de mayo. La entidad estatal anunció que reforzó su plan operativo para el acompañamiento y vigilancia en la etapa preelectoral, electoral y postelectoral.

“Un equipo de cerca de 3.000 funcionarios, defensores públicos y contratistas del nivel central y de las 42 defensorías regionales de la Defensoría del Pueblo acompañarán hasta culminar el certamen electoral, para recibir, atender y tramitar las quejas ciudadanas para que se les brinden todas las garantías”, confirmó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Este plan de acompañamiento y vigilancia electoral también comprende acciones dirigidas a verificar, desde los puestos de votación, la garantía del derecho al sufragio de cada ciudadano, sin restricción ni limitación alguna.

Además se monitorearán especialmente los escenarios de riesgo advertidos en el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 004 de 2022 en contexto electoral. En la lista se encuentran principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, en la subregión del Bajo Cauca, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar, como también del municipio de Tumaco.

La Defensoría indicó que ha recibido denuncias a través de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas sobre presiones de los grupos armados ilegales a los ciudadanos para que voten a favor de una determinada candidatura. Se destaca en mayor número, las amenazas proferidas mediante panfletos, comunicados o mensajes por chat, contra partidos políticos en Bogotá, Antioquia, Arauca, Cauca, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Ante estas situaciones, el defensor del Pueblo reiteró a los ciudadanos que no deben dejarse coaccionar y que pongan las respectivas denuncias. También les recordó su derecho a elegir, que su voto es secreto y deben ejercerlo con absoluta libertad. Para ello, la Defensoría del Pueblo indicó que estará presta a brindar el acompañamiento para su garantía y para que las autoridades judiciales investiguen cualquier acción que atente contra este derecho.

Además de funcionarios de la Defensoría, se confirmó la presencia de la fuerza pública, la Fiscalía, la Procuraduría y la autoridad electoral para controlar “las posibles anomalías que se presenten en el desarrollo de las elecciones para que se adopten las medidas correctivas que correspondan”.

“Esperamos que los comicios transcurran en completa normalidad, que no se presenten hechos de violencia, ni de agresiones entre campañas y partidos políticos y votantes, y se promueva un ambiente de respeto y tolerancia para que la democracia colombiana salga fortalecida”, señaló Carlos Camargo.

Cabe anotar que además de las presiones a los ciudadanos, la Defensoría del Pueblo señaló que en el último mes ha recibido y tramitado, ante las autoridades judiciales, 12 quejas por amenazas en el marco del proceso electoral contra candidatos y equipos de las campañas a la presidencia.

Teniendo en cuenta la gravedad de las amenazas, y para proteger la vida de los candidatos, desde la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a las autoridades competentes atender e investigar con rigor las amenazas y situaciones de riesgo de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales a la vida, la integridad y seguridad personal como también al derecho político a ser elegido, entre otros derechos.

“La Defensoría del Pueblo condena las amenazas de grupos armados ilegales contra los candidatos, dirigentes y miembros de campañas políticas. De la misma forma, rechaza las presiones de grupos armados ilegales contra la población civil en muchas zonas del país para votar por un determinado candidato”.

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