Dos miembros de la Policía Nacional fueron enviados a la cárcel por el delito de concusión. Se trata de los patrulleros Juan Antonio Mejía Serrano y Luis Alberto Fernández Pelufo, quienes según la Fiscalía General de la Nación, extorsionarlo a un ciudadano para no capturarlo.
De acuerdo con el ente investigador, los policías cometieron el delito cuando le exigieron dinero a un comerciantes que al parecer también se dedicaba a hackear y clonar tarjetas bancarias.
Los hechos, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, ocurrieron el 5 de mayo de 2021. En ese momento los patrulleros al parecer le exigieron diez millones de pesos al presunto delincuente, a cambio de no capturarlo por los delitos que mencionados anteriormente.
Así mismo, la Fiscalía estableció que antes de que los policías abordaran al presunto delincuente para ejecutar la extorsión, el hombre había hecho retiros por más de 30 millones de pesos en cajeros electrónicos, aparentemente con las tarjetas clonadas. Esto ocurrió en el barrio Laureles de Medellín.
Las investigaciones también evidenciaron que uno de los patrulleros de la Policía Nacional se habría subido con el presunto delincuente al vehículo en el que se movilizaba. Allí, habría acordado la entrega de los diez millones de pesos a cambio de no capturarlo.
Mientras se adelantaba la exigencia del efectivo, el otro policía siguió el vehículo en una motocicleta oficial.
La Fiscalía General de la Nación informó que la defensa de los patrulleros de la Policía Nacional apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín.
Otra extorsión en la que participaron dos policías en Medellín
En el otro caso de extorsión que ocurrió en la misma ciudad están involucrados los patrulleros de la Policía Nacional: Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñett.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, los dos uniformados también le exigieron dinero a un ciudadano; sin embargo, en este caso no se trataba de un delincuente sino de una persona del común que habría sido víctima de un mal procedimiento de los patrulleros.
Según estableció el ente investigador, el pasado 3 de marzo Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñett le exigieron dos millones de pesos a un ciudadano por regresarle una motocicleta que ellos mismos habían inmovilizado.
Al parecer, la inmovilización de la motocicleta habría sido arbitraria y ocurrió tres días antes de la extorsión en el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín.
Por ponerse en contacto con el ciudadano para exigirle los dos millones de pesos, la Fiscalía imputó a los patrulleros por el delito de concusión. Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública señaló a los procesados como los posibles responsables de haber realizado la exigencia económica ilegal.
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