En las últimas horas, la Fiscalía reiteró su solicitud de medida de aseguramiento carcelario contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El fiscal del caso, Juan Carlos Durán Cujar reafirmó sus acusaciones en contra del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, el entonces secretario de Educación y otros contratistas de la Alcaldía, así como a quienes prestaron el servicio de alimentación escolar y su correspondiente interventoría, y pidió de nuevo las condenas que había formulado, reiterando la medida de aseguramiento para el mandatario.
Durante las audiencias, la Fiscalía ha argumentado que “se muestra ese interés marcado de su parte (del alcalde Muñoz) y de los demás funcionarios de la administración para direccionar el contrato para favorecer al colaborador de su campaña”.
Vale recordar que el pasado 27 de abril, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de celebración indebida de contratos, violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y peculado, al alcalde Muñoz, a propósito de algunas irregularidades que el ente acusador habría notado en la contratación para el polémico PAE y mercados para adultos durante la pandemia.
Los mismos cargos se imputaron al exsecretario de educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, a los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo; a la representante de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando), Carmen Castillo, y el de la Fundación Colombia Florece, de Tumaco (Nariño), Miguel Banguera, así como de Aiden Vergara Quiñónez.
De forma específica, el señor Vergara Quiñónez habría aportado dinero a la campaña de Gorky, quien se hizo elegir en octubre de 2019 con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos, es decir, por firmas. Después, según la Fiscalía, Asoformando fue beneficiada con el contrato del PAE y de mercados para la contingencia sanitaria de 2020, causada por la pandemia de covid-19.
La decisión de conceder estos contratos a entidades de otro departamento despertó la suspicacia del fiscal Juan Carlos Durán Cujar, ya que casualmente Vergara, el benefactor de Muñoz, hace parte de la junta directiva de esa organización y de la interventora, Colombia Florece. El contrato, además, acaparaba el excedente que dejó la administración de Rodrigo Lara Sánchez: un saldo a favor de 5.300 millones de pesos.
Según el periódico local La Nación, el contrato obligaba a Asoformando a entregar 105 mil raciones de alimento para estudiantes de instituciones educativas públicas urbanas y rurales. Al fiscal se le hizo muy extraño que los dineros fueran desembolsados con una inusitada rapidez.
Entonces, al celebrar ese contrato sin licitación previa y a dedo, el fiscal Durán cree que se pudo incurrir en un conflicto de intereses y se habría hecho un mal uso de la situación de urgencia manifiesta que el Gobierno nacional había declarado en aquel entonces para acelerar las medidas de mitigación locales.
Durante esta diligencia ante la jueza séptima de Control de Garantías de Neiva, la Fiscalía también solicitó que se les imponga medida de aseguramiento preventivo y una pena de 18 años de prisión por la responsabilidad en los hechos. No obstante, ni Muñoz ni el resto de los imputados aceptaron los cargos; todos se declararon inocentes.
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