Más de 3.300 convenios interadministrativos, avaluados en más de 6,5 billones de pesos, estarían en “veremos” con el fallo de la Corte Constitucional que dejó en firme la Ley de Garantías. Se indicó que la mayoría de los convenios afectados fueron celebrados entre la Nación y los entes territoriales de Antioquia, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca y Amazonas.
Para entender el problema, hay que recordar que a finales del año pasado, el Congreso de la República aprobó el artículo 124 de la Ley de Presupuesto 2022 (Ley 2159 de 2021), en la que se puso en pausa la Ley de Garantías. Así las cosas, se permitió celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos con el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Esta modificación fue cuestionada por diferentes sectores, por lo que la Corte Constitucional asumió el estudio del caso. Después de una extensa revisión, el tribunal tumbó el artículo, lo que supone la suspensión de todos los convenios administrativos en trámite. Se aclaró que, aunque los contratos se hayan firmado en este tiempo, deben reversarse. Si hubo desembolsos de dinero, esos fondos también se deberían reembolsar.
“A partir de la decisión no es posible suscribir convenios interadministrativos al amparo del artículo 124 de la ley 2159 de 2021, por lo cual aquellos trámites que se encuentran en curso para tal fin deberán terminarse inmediatamente”, dice uno de los apartes de la ponencia que fue aprobada por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Por este fallo es que hay más de 3.300 convenios pendientes. Esta cantidad de acuerdos se firmaron después del 13 de noviembre de 2021, justo cuando habría tenido que empezar a regir la Ley de Garantías, y hasta el 5 de mayo, cuando la Corte tumbó el artículo.
Se aclaró que solo los convenios cuyos objetos ya se hayan ejecutado completamente al momento de informarse la norma, se mantendrán. Además, estos deberán terminarse y liquidarse “sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar”. También deberán liquidarse los contratos estatales financiados con fundamento en los convenios en cuestión, exceptuando los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda.
Teniendo esto en cuenta, la Presidencia de la República y las gobernaciones y alcaldías del país deberán revisar el estado de los contratos suscritos desde el pasado 13 de noviembre. Información previa, basada en registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública, da cuenta de más de 30 alcaldías en todo el país que deberán devolver alrededor de 90 mil millones de pesos.
Así mismo, se identificó que los tres convenios interadministrativos más grandes suscritos en este tiempo, tiene relación con la fuerza pública. El primero, por más de 330.000 millones de pesos, buscaba suplir la alimentación de los soldados; el segundo, por más de 306.000 millones de pesos, era para suplir sus necesidades en salud; y el tercero, avaluado en más de 303.000 millones de pesos, tenía como propósito “aunar esfuerzos técnicos logísticos administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para la ejecución de proyectos financiados por el Fondo Nacional para la Seguridad”.
Seguido a estos convenios, las otras dependencias que más entregaron recursos durante mediados de noviembre del año pasado y esta primera semana de mayo, fueron el Ministerio del Interior (MinInterior), con 624.460 millones de pesos y el Instituto Nacional de Vías (Invias, con 499.320 millones. En tercer lugar está el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adscrito al Ministerio TIC, que usó 240.000 millones de pesos.
Mientras el gobierno revisa estos contratos, las entidades estatales analizan las posibles implicaciones legales que acarrea este fallo de la Corte.
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