Por las altas probabilidades de que se perpetran atentados contra los habitantes de Titiribí, al suroeste de Antioquia, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia este 2 de mayo con el fin de activar mecanismos de protección. En el municipio estarían operando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, y el grupo de crimen organizado conocido como San Pablo, adscrito a la denominada Oficina del Valle de Aburrá.
“La Alerta de Inminencia estableció que los pobladores pueden ser señalados por ambos grupos de ser colaboradores del bando contrario, por lo que es altamente probable la comisión de ataques indiscriminados, como masacres para sembrar el terror y zozobra entre sus pobladores, lo que podría derivar en desplazamientos individuales y masivos”, sostuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Según el equipo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, quienes están en mayor riesgo son los pobladores de las veredas Corcovado, Los Micos, Mesetas y Albania, y los sectores Los Alpes y Bateas. En estas zonas el Clan del Golfo y el grupo San Pablo se disputan el territorio, por lo que esto configura el primer factor de riesgo.
La Defensoría aseguró que hay una “estrategia de expansión territorial” de las AGC que está enfocada en el control territorial armado de la subregiones de Occidente y Suroeste de Antioquia. Esto, teniendo en cuenta que la organización busca tener acceso al corredor que va hacia los océanos Atlántico y Pacífico para así sacar del país la droga que producen.
Según un informe publicado por la Policía Nacional en noviembre del año pasado, el Clan del Golfo opera el 12 % del total de cultivos ilícitos en los departamentos de Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia. Este último es ideal para los criminales porque al limitar con Chocó y Córdoba, se convierte en el espacio perfecto para sacar al Pacífico los estupefacientes.
Estas actividades ilícitas también dan pie para que se eleven los casos de extorsión, desplazamiento y reclutamiento forzado, lo que perpetua la violencia que se vive en el departamento.
“Entre mediados del 2021 y marzo de 2022, la violencia ha escalado en la zona. Inició con grafitis pintados en casas alusivos a la AGC, homicidios selectivos, algunos a través de actos de sevicia como desmembramientos, restricciones a la movilidad y desplazamientos forzados”, recordó la Defensoría.
Ante este panorama, la entidad ha hecho varias recomendaciones a instituciones locales nacionales con el ánimo de mitigar o prevenir el riesgo advertido. Se detalló que a la IV Brigada de la VII División del Ejército Nacional y al Batallón de Infantería número 11 Cacique Nutibara se le solicitó fortalecer las medidas para “neutralizar la acción de los grupos armados ilegales”. A la Policía de Antioquia y de Titiribí se le pidió “reforzar y adoptar las medidas de seguridad para prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales”.
Así mismo, se le solicitó a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Titiribí realizar consejos de seguridad con enfoque preventivo e intercambiar información con los órganos de seguridad que permitan evitar las vulneraciones.
Por último, desde la Defensoría del Pueblo se le recordó a los subversivos el derecho internacional humanitario y que se respete la vida de los civiles que permanecen ajenos al conflicto.
“Hago un llamado a los grupos armados ilegales para que cese el accionar violento que afecta a los pobladores de esta comunidad y para que respeten la integridad, la vida y los derechos humanos de sus habitantes”, dijo Camargo.
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