A través de un comunicado con fecha de 12 de abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia sistemática contra los pueblos indígenas, comunidades negras, afro, raizales, palenqueras y campesinas en Colombia, que se ha presentado recientemente en el país y que afecta, especialmente, a sus líderes y lideresas sociales.
Principalmente, la CIDH se refirió al operativo militar realizado el 28 de marzo por parte del Ejército Nacional en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo), en el que perdieron la vida 11 personas y varias resultaron heridas.
Luego del operativo, el Ministerio de Defensa informó que las personas fallecidas pertenecían a grupos armados ilícitos. El Estado indicó la legitimidad de la operación, ya que se realizó en una región con alta actividad criminal y de disputa territorial por parte grupos armados ilegales.
Ante lo sucedido y luego de denuncias de organizaciones civiles y de pueblos indígenas, donde se advierte que las víctimas eran personas civiles y no guerrilleros, como lo afirmó el Gobierno nacional, la CIDH le hizo un llamado al Estado colombiano “a investigar con la debida diligencia y a tomar acciones preventivas concertadas con los grupos étnico-raciales y comunidades campesinas, junto con la implementación práctica y efectiva de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz”.
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Entre las denuncias presentadas por las organizaciones se señala que existen varias personas de la comunidad que se encuentran desaparecidas. La CIDH confirmó que recibió información sobre una supuesta negativa de asistencia médica requerida por las personas afectadas durante el operativo militar.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. En su comunicado de este martes, la CIDH “insta a Colombia a fortalecer su presencia integral en el territorio y garantizar un diálogo con las organizaciones de los grupos étnico-raciales y campesinas”.
Es importante resaltar que en el último informe de la Fundación Pares titulado “Plomo es lo que hay”, se detalla que en 420 municipios del país hay presencia de grupos armados, es decir, en el 37% del territorio nacional.
En su comunicación, el órgano internacional solicitó a las autoridades nacionales, “continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y tomar las medidas necesarias para reparar este daño incorporando un enfoque intercultural, que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”.
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La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia. En su carta, subraya la obligación del Estado respecto a brindar información clara, sobre la cantidad de personas fallecidas, heridas, capturadas y desaparecidas durante el operativo militar mencionado.
En Colombia, la justicia ordinaria es la encargada de recibir las denuncias de violaciones a los derechos humanos y es de su competencia esclarecer lo sucedido. Ante este panorama, la Comisión invitó a las instituciones “a continuar investigando diligentemente este caso, que incluya como una de las hipótesis del delito, las actividades de defensa de derechos humanos y el territorio, así como sancionar a los autores materiales e intelectuales”.
Por último, la Comisión reiteró su convicción respecto a la necesidad de que el Estado redoble sus esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, en particular su Capítulo Étnico y adopte medidas urgentes para garantizar los derechos de los pueblos étnicos.
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