En mayo de 2021 la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Benito Molina Velarde, condenado por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado en relación con grupos paramilitares.
La Sala consideró que la información aportada por el expresidente del Fondo Ganadero “supera inicialmente los hechos por los cuales fue investigado y condenado por la jurisdicción ordinaria. Aporta relato acerca del contexto de conflicto y los intereses de la Autodefensas Unidas de Colombia no solo en la cooptación del Fondo Ganadero de Córdoba sino en las grandes inversiones estratégicas”, se lee en la sentencia de libertad transitoria.
Pues en la mañana de este jueves 7 de abril se conoció un fragmento de la versión voluntaria rendida por Molina Velarde ante el tribunal de paz. En el audio que reveló W Radio, el expresidente del Fondo Ganadero confesó que se reunió en distintas ocasiones con el líder paramilitar Vicente Castaño, en las instalaciones del fondo y que se le designó como el vocero de las autodefensas ante esa agremiación ganadera, “lo que significaba diálogos entre este señor y miembros de la junta directiva del Fondo”.
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Es importante resaltar que Molina Velarde se presentó como tercero civil ante la justicia transicional a inicios de 2020. Ante el despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez, el ganadero afirmó que una de sus exigencias a Vicente Castaño fue el cambio de los estatutos del fondo para ser presidente y controlar las actuaciones de Benito Osorio, recién nombrado gerente.
El expresidente afirmó que Vicente Castaño le comunicó a todos los integrantes de la junta directiva los acuerdos alcanzados con las AUC, por lo cual Luis Gonzalo Gallo Restrepo, adelantó esos cambios de los estatutos ante la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de Montería.
En el fragmento revelado por el medio de comunicación, el expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007, dijo que la alianza con los paramilitares se hizo efectiva en una finca conocida como La 52, en la cual se selló la adquisición de 8.000 hectáreas a través del despojo masivo.
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Entre 1994 y 1998 las Autodefensas Unidas de Colombia despojaron y desplazaron de sus tierras a 130 familias campesinas de más de 105 predios entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en Antioquia, todo con la complicidad del Fondo Ganadero. En su relato reafirmó que una de las técnicas de los paramilitares para sacar a las familias y que nunca volvieran, era quemarles sus casas.
“No solamente para que no regresaran, era para que se fueran. La amenaza era que les decían “ustedes qué hacen aquí, saquen sus cosas”, les quemaban las casas para que los señores no tuvieran donde vivir y tuvieran que irse, eso se sabía, es el desplazamiento más forzado que se puede imaginar”, detalló ante la JEP.
También explicó como fueron legalizadas cerca de 700 hectáreas con problemas de titulación. En este punto, Benito Molina acusó gravemente al exdirector del Incoder Arturo Vega Varón de haber liderado la titulación de esas tierras, afirmando que “sorprendentemente pasó de ser accionista del Fondo a también ostentar ese cargo fundamental para esos fines, nombrado por el presidente Álvaro Uribe Vélez”.
“Gracias a la gestión de los señores Carlos Sotomayor y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, se logra el nombramiento del señor Arturo Vega Varón, por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez como director de Incoder, hecho relevante por cuanto se necesitaba una persona de confianza que representara los intereses del Fondo en la legalización de predios adquiridos de manera irregular y mucho mejor si esta persona salía de la misma junta directiva del fondo”, indicó Molina.
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