En La Dorada (Caldas) la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizó una audiencia pública el pasado 30 de marzo, para atender las demandas de reparación integral de las víctimas del conflicto armado, vinculadas a las medidas cautelares que buscan proteger zonas donde se puedan hallar víctimas de desaparición forzada en el Magdalena Caldense.
Las zonas protegidas son seis cementerios de Caldas: San Agustín y San Diego, en Samaná; San Maximiliano María Kolbe y Pradera, en Victoria; Central de Norcasia y Central de La Dorada.
El propósito de la diligencia, era conocer e identificar las situaciones de riesgo sobre puntos de interés forense que no hayan sido objeto de intervención por el Sistema Integral para la Paz y dignificar la memoria de quienes buscan a sus seres queridos.
Esta decisión del tribunal de paz busca que se llenen los vacíos de información y se de respuesta efectiva, para la plena satisfacción de los derechos de las víctimas. Para la JEP, “persisten dificultades que quedaron en evidencia tras el proceso de identificación de cinco personas en la región”.
Tres de esas cuerpos identificados, pertenecen a Francisco Javier Buitrago Quiceno, Pedro Pablo Molano Quiceno y Salomón Galvis. En este el momento del proceso, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), realiza las entregas dignas a los familiares de las víctimas.
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Uno de los problemas que detectó la JEP en su visita al corregimiento de Caldas, es por ejemplo que “los familiares de las víctimas no aparecen inscritos en el Registro Único de Víctimas”. Por eso, una de la razones de la creación de la mesa técnica, es activar una ruta para que las personas puedan acceder a la reparación administrativa que reclaman.
Entre otras funciones, la mesa técnica debe plantear soluciones que ayuden a agilizar los trámites, fortalecer la reparación, vía la Ley de Víctimas y analizar la viabilidad de las peticiones realizadas en la audiencia territorial de seguimiento.
“La JEP, a través de estas órdenes, hace lo posible para que el aparato institucional se articule y responda de manera efectiva a la reparación integral de las víctimas. Con las entregas dignas se les da a conocer cuáles son sus derechos, cómo pueden participar y las rutas que deben seguir”, agregó la magistrada de la JEP María del Pilar Valencia.
El personero de Samaná, Cesar Augusto Salazar Buitrago, comparó la cifras de la Unidad de Víctimas con las que se manejan en las secretarias municipales. Según el funcionario, la entidad nacional tiene un registro de 171 víctimas directas de desaparición forzada en ese municipio y 615 indirectas. Mientras, que en su despacho sus cifras son de: 10 personas víctimas directas y 40 indirectas. “Seguimos trabajando para que podamos bajar la brechas en los datos que tenemos”, afirmó.
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Por su parte, la Unidad de Búsqueda ha construido un universo inicial de 99.235 personas que fueron dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado. El Plan Regional de Búsqueda del Magdalena Caldense, aborda un número inicial de 1.091 personas desaparecidas en los municipios de Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada, en el periodo de 1965 a 2014.
La mesa estará conformada por la Unidad de Víctimas, la UBPD, la JEP, la Procuraduría y las organizaciones que impulsaron las medidas cautelares: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná, Equipo Colombiano Interdisciplinario de trabajo Forense y Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social.
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