El coronel (r) Gonzalo Enrique Lizcano Valero fue llamado ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que otorgue a ese organismo sus testimonios respecto a los casos de los llamados falsos cometidos que ocurrieron en manos de uniformados del Batallón Pedro Justo Berrío. Lizcano comandó ese espacio en el 2004.
En el documento en el que se hace la solicitud se describe que para ese periodo de tiempo se presentaron, “hechos constitutivos de muertes y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas en combate causadas”. De acuerdo con la JEP, diferentes comparecientes, entre ellos seis coroneles, han referenciado en sus testimonios a aquel batallón. Así mismo, víctimas de estos actos violentos han hablado de ese lugar al testificar sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 2004 y el 2005.
“Teniendo en cuenta lo anterior, aquellos miembros de la Fuerza Pública respecto de quienes la Sala haya recibido información en torno a su posible involucramiento en crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado no internacional y no hayan comparecido a la Jurisdicción a suscribir acta de compromiso pueden ser llamados a comparecer para contribuir, entre otros, al esclarecimiento de la verdad plena”, señala el documento. Lizcano Valero, entonces, será escuchado en audiencias que se desarrollarán entre el 2 y 5 de mayo desde las ocho de la mañana, de manera virtual.
El nombre del coronel es recordado porque, hacia el 2011, la Procuraduría dejó en firme la suspensión de su ejercicio en el cargo que ocupaba, sin derecho a remuneración, a él y al Teniente Coronel Carlos Andrés Suárez Segura, por archivar, de manera irregular, las indagaciones disciplinarias que se adelantaban por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, adelantadas en el Batallón de Infantería del No. 32 General Pedro Justo Berrío.
El ministerio público evidenció que los oficiales sancionados, para archivar las indagaciones, solamente tuvieron en cuenta órdenes operacionales, esquemas de maniobras, lecciones aprendidas y las declaraciones de algunos militares que intervinieron en los operativos.
Según la Procuraduría, hubo una omisión de los oficiales “al dejar de profundizar en aspectos ostensiblemente anormales que rodearon las muertes reportadas como ocurridas en combate”. “Ni siquiera se preocuparon por establecer la identidad de los abatidos en los supuestos combates ni su presunta pertenencia a grupos armados al margen de la ley”, concluyó la Sala Disciplinaria del ente de control.
El coronel Lizcano Valero, entonces, fue separado de su cargo por un mes, mientras que Suárez Segura recibió una sanción de 20 días. “No solo constituyeron una amenaza a la administración de justicia disciplinaria, sino que realmente la afectaron al proferir decisiones tan erradas como el archivo (…) que desnaturalizan la razón del servicio que prestan los sancionados y ponen en entredicho a toda una Institución tan honorable como el Ejército Nacional”, determinó la Sala.
Esto sucede paralelo a lo ocurrido en días pasados en Putumayo, en donde, tras un operativo del Ejército Nacional, la comunidad asegura que se presentaron civiles muertos como delincuentes. La operación fue realizada el lunes 28 de marzo. El General Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército, explicó que fue una operación hecha bajo estrictos protocolos y que inició su realización desde hacía diez días.
“Todos los protocolos y procesos que demandan las operaciones militares, tanto en la parte doctrinaria como jurídica, la operación dura diez días que nuestros hombres pasan día y noche tratando de llegar a esa estructura 48, el combate fue bastante fuerte hubo fuego nutrido”, manifestó Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, en una entrevista con la W Radio.
El ministro de Defensa, Diego Molano. “Gracias a operaciones ofensivas de la fuerza pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales — cifra que después ascendió a 11 — y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo”, escribió el funcionario a través de Twitter.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), por estos hechos, señaló al Ejército nacional de asesinar a civiles en la modalidad de “falsos positivos”.
En el documento presentado por la organización citan al medio de comunicación Andrés Prensa, en el que entrevistaron a familiares de los fallecidos: “Indican que el Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos. Que dicha actividad era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda”, se lee en la denuncia.
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