El Consejo de Estado negó una medida cautelar que Pastor Alape, excombatiente y exmiembro del secretariado de las FARC, había solicitado en 2021 con respecto a la enumeración y entrega de bienes obtenidos por la extinta organización.
De forma específica, Alape había reclamado contra un apartado del Decreto 1407 de 2017, en el que se pide que los excombatientes hagan una lista de sus bienes durante el tiempo que pasaran en las en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
Según él, esa solicitud ponía una carga adicional a las personas naturales en proceso de reinserción, que “no se refiere a la obligación del inventario establecida respecto de las FARC-EP”.
“Al crear una nueva obligación, consistente en la entrega material de bienes por quienes suscribieron dicho inventario, el Presidente de la República desatendió el deber de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Alape pedía que se suspendiera el proceso de enumeración de bienes hasta cuando no se decidiera qué bienes hacen parte de la colectividad y qué otros son de cada uno.
Sin embargo, el Consejo de Estado no está de acuerdo con ese argumento. Según el tribunal, el Acuerdo Final no se negoció de forma individual, sino en conjunto con todos los miembros de la extinta guerrilla bajo una unidad de mando. De ese modo, todos los que firmaban tenían que asumir los compromisos derivados del acuerdo y sus bienes se consideran colectivos.
“La determinación de dicha naturaleza jurídica obedece a que las FARC no constituía una persona jurídica y, por lo tanto, no era un centro de imputación jurídica capaz de ser titular de derechos reales respecto de dichos bienes”.
Los bienes incluidos en el inventario serán usados en un fondo autónomo que se destinará a la reparación de las víctimas de las acciones violentas de las FARC. La creación de ese fondo hace parte del Acuerdo Final, es necesaria y representa un acto constitucional “porque materializa el deber de los victimarios de reparar a sus víctimas”.
Por ese motivo, el Consejo de Estado negó la medida cautelar y mantuvo en firme el requerimiento de entregar los bienes cuanto antes, puesto que la fecha inicial —diciembre de 2020— ya venció.
Dos excombatientes muertos en una semana
Entretanto, dos excombatientes han sido asesinados durante esta semana en el departamento del Cauca. Uno de ellos, Domingo Mancilla, fue acribillado en el municipio de Guapi el pasado martes. El otro, Jorge Chanchi Ramos, de origen indígena, fue hallado muerto en una vereda de El Tambo.
Luego de las muertes de Chanchi y Mancilla, el número de firmantes asesinados en este año asciende a 11, según los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Según Rodrigo Londoño, exjefe de las extintas FARC y presidente del partido Comunes, estos asesinatos son muestras de la falta de garantías para la vida que el Gobierno nacional estaría ofreciendo a los firmantes. Acompañó su denuncia con un mensaje de condolencias a través de su cuenta de Twitter:
Lamento profundamente tener que informar un nuevo homicidio de un firmante de paz. La víctima es el camarada Jorge Chanchi Ramos. Mi abrazo de condolencia a su familia y seres queridos. A pesar del dolor y la indignación no podrán detenernos en la brega por la paz.
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