Después de las críticas de diferentes organizaciones por la suspensión de las comisiones en terreno, la Defensoría del Pueblo derogó la circular pues se requiere su presencia en las zonas que afrontan la escalada de violencia reciente.
Desde inicio de año se ha evidenciado una oleada de acciones criminales y terroristas en el país, tanto por enfrentamientos entre grupos armados, como por ataques contra la población civil y la fuerza pública. En medio de esa situación, generó sorpresa e innumerables críticas una circular de la Defensoría del Pueblo que ordenó suspender las comisiones en terreno.
“En atención a la grave situación de orden público presentada en los últimos días por parte de grupos armados al margen de la ley, y con el fin de salvaguardar la seguridad de todos nuestros funcionarios, a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, se suspenden todas las comisiones en terreno”, decía la Circular No. 006 emitida el pasado 24 de febrero de 2022.
Múltiples organizaciones y defensoras de derechos humanos cuestionaron la decisión, porque consideran que justamente en los momentos y territorios de mayor conflicto es necesaria la presencia y acompañamiento de la Defensoría para verificar la situación.
Pese a las explicaciones de la entidad. Este 1 de marzo se emitió una nueva directriz para mantener las comisiones en terreno, contrario a la decisión que se había tomado, en la que se explicó que se habían limitado aquellas que no cumplieran con el estricto criterio de necesidad y pertinencia hasta nuevo aviso.
“Atendiendo las necesidades del servicio, se determina procedente, a partir de la fecha, levantar la suspensión de las comisiones de servicios, establecida en la citada Circular No. 006 del 24 de febrero de 2022″ dice el documento de la Circular 009.
Incluso, según recogió la W Radio, defensores departamentales solicitaron que se derogara la circular 006 porque dificultaba sus labores en terreno. “La opción de la actual administración no es restringir las comisiones, es acompañar. El hecho de tomar postura con un algún grupo armado pone en riesgo a los defensores, la neutralidad es el centro para que también las comunidades crean en nosotros”, aseguró María Fernanda Revelo de la regional Cundinamarca.
La entidad, el pasado 28 de febrero, ante las críticas, explicó que se suspendían, no para eliminarlas, sino para analizarlas y priorizarlas. Así mismo, que las más urgentes y críticas fueron aprobadas por el comité directivo. “La circular 006 deja en claro que los funcionarios con responsabilidades misionales en garantía de los derechos humanos seguirán con sus responsabilidades en todas las zonas”.
La decisión, justamente en el contexto de violencia y cuando se acercan las elecciones legislativas convocadas para el próximo 13 de marzo, fue calificada como un error. Desde la ONG Human Rights Watch se solicitó control político al defensor Carlos Camargo.
“El Congreso debe pedirle explicaciones al defensor Camargo por esta circular. Esta decisión lo pone al borde de un incumplimiento de su mandato. Si bien la situación en zonas remotas del país es grave, la Defensoría históricamente ha garantizado su presencia en los territorios”, señaló ante el hecho el investigador de HRW Juan Pappier.
Aunque en la nueva circular la Defensoría señala que se levanta la suspensión, en el documento se establece que “se tomarán en consideración las particulares situaciones de riesgo para el desempeño de las actividades institucionales, de los servidores de nuestra institución de derechos humanos”. Además, que para “las actividades de veeduría y vigilancia de los certámenes electorales próximos a realizarse, se establece que en el procedimiento de aprobación, se tendrán en cuenta las recomendaciones del Comité para la Garantía Electoral de la Defensoría del Pueblo, así como los requerimientos referentes a la actividad misional relacionada con la protección efectiva”.
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