Andrés Mayorquín niega haber incurrido en irregularidades por los 24 contratos adjudicados a su esposa

En la tarde de este 28 de febrero, el exasesor de la Presidencia de la República, Andrés Mauricio Mayorquín rindió versión libre ante la Procuraduría General de la Nación por las presuntas irregularidades en 24 contratos públicos que fueron adjudicados a Karen Váquiro, su esposa. El exfuncionario negó haber incurrido en algún delito y aseguró que esta investigación es una forma de hacerle daño.

Según Mayorquín, hay una “inquisición” mediática en contra de su familia y, además, en contra de la actual Jefa de Gabinete, María Paula Correa y el mismo presidente Iván Duque. Sostiene que nunca incurrió en tráfico de influencias y que él es un trabajador capacitado para desempeñar el cargo que tenía.

Hay que recordar que la Procuraduría está investigando unos 24 contratos que están avaluados en más de 1.200 millones de pesos que le fueron adjudicados a Vaquero. Se está revisando si Mayorquín incurrió en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o en conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su esposa en distintas entidades estatales.

Se resalta que si en el transcurso de la investigación se determina que Vaquero asumió funciones públicas, podrá ser vinculada formalmente a la investigación y se adelantará actuación disciplinaria a la que haya lugar. Así mismo, hay que recordar que Mayorquín ya está inhabilitado para asumir cargos públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, en medio de su declaración el exfuncionario le pidió a la Procuraduría que lo vuelva a habilitar. Así mismo, reveló que ningún contacto de Presidencia le responde.

Cabe mencionar que en día antes de que se le abriera la investigación formal contra su esposo, Váquiro, en una entrevista con Blu Radio, medio que destapó el escándalo, se excusó de su actuar así:

“Desgraciadamente, pequé por inocencia, por desconocimiento de las leyes contractuales, específicamente que rigen al sector público. No tenía idea de que estaba inhabilitada para trabajar en el mismo lugar que mi esposo”, aseguró Váquiro.

Por el momento, la Procuraduría no es competente para investigar a la señora Váquiro, según explicó, debido a que el artículo 25 de la Ley 734 de 2002 señala que, “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código”.

La Procuraduría tampoco ha anunciado el inicio de la investigación por los funcionarios de las 15 entidades públicas que contrataron a Váquiro, la mayoría por selección directa, quienes sí son sujetos del régimen disciplinario y otorgaron contratos a una persona que aparentemente no tenía experiencia.

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