Actos delincuenciales en Córdoba prenden las alarmas de un posible regreso del paramilitarismo

El primer hecho violento que ha llamado la atención de las autoridades de Córdoba sucedió el 2 de febrero. En horas de la noche en el barrio 9 de Agosto de Tierralta, donde un joven de 25 años identificado como Miguel Calderín García, fue encontrado sin vida, con heridas de bala a ‘quemarropa’ y sus manos atadas. Junto al cuerpo se encontró un letrero que señalaba que el joven presuntamente era ladrón de motocicletas y por este motivo lo habrían ejecutado.

Y el segundo y más reciente sucedió en el municipio de Tierralta, en cercanías al barrio Virgilio Vargas, en la vía que conduce al reasentamiento El Rosario. Según información local, a la víctima lo abordaron sujetos armados quienes a quemarropa le dispararon en reiteradas ocasiones, dejando un letrero similar al encontrado en el cuerpo de Calderín García.

“Para que vean los rateros de motos, de los amigos de lo ajeno que no hablamos mierda que ya tenemos más de varias ratas ubicados, así van a terminar todos, acatan o acatan” se lee en los carteles dejados en los cuerpos de las víctimas, sobre los responsables de los homicidios no se tiene información hasta el momento.

La organización defensora de Derechos humanos Fundación Social Cordobexia, expresó su preocupación sobre los casos registrados en los prematuros días del mes de febrero, y la necesidad del desmonte de la estructura paramilitar en el departamento del Córdoba para evitar estas políticas de terror impuestas a lo largo de la historia por el grupo criminal.

“La sangre derramada sicarialmente, con autoría públicamente conocida del imperio militar y control social coercitivo, que en ausencia del Estado y de respuestas institucionales integrales hoy por hoy, ostentan organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, señaló la Fundación Social Cordobexia, evocando el recuerdo de las autodefensas en los noventa y principios del dos mil en el departamento de Córdoba.

Precisamente en su informe relacionan los comportamientos sucedidos en los crímenes cometidos en el municipio de Tierralta, con los habituados perpetrados por las autodefensas, con un claro objetivo que era sembrar pánico y terror para así tener control de cualquier índole en el sector.

“Ante la compleja situación que a todas luces es sistemática y con patrones comunes, cometida desde luego por organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, exigimos al gobernador de Córdoba, al alcalde de Tierralta, como primeros respondientes de la seguridad y la convivencia ciudadana, para que activen mecanismos y rutas urgentes en conjunto con la fuerza pública y la Fiscalía, que conjuren la no repetición de hechos como estos”, mencionó el informe de la organización social.

Realizaron un llamado al Gobierno Nacional de Iván Duque indicando que en el marco de la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades (decreto 1581 de 2017) y la recién sancionada ley de seguridad ciudadana (ley 2197 de 2022), generen un plan de choque contra la criminalidad organizada y sicarial en Tierralta. “Nada, absolutamente nada puede justificar los crímenes cometidos por organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. No se puede naturalizar la sangrienta violencia”.

También recordaron que desde el vil asesinato en contra de la líder María del Pilar Hurtado (ocurrido en el mismo barrio 9 de agosto en 2019) están a la espera del prometido Megacomando de Policía para el sur de Córdoba.

Tras los hechos de sangre, el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Gabriel Bonilla, dijo “Condenamos este tipo de situaciones. No podemos permitir la justicia por mano propia, particularmente porque en el municipio de Tierralta”, puntualizó el oficial.

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