Por las continuas denuncias acerca de la deficiente alimentación de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayúu de la Guajira, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) detallar cómo se está garantizando los derechos a esta población. En un oficio dirigido puntualmente a la directora de la seccional guajira del ICBF, Yanerys Beatriz Cotes, se pide relacionar los contratos vigentes que garantizan la alimentación de los niños Wayuu.
“La Procuraduría General de la Nación solicitó a la directora del ICBF de la Regional La Guajira, Yanerys Beatriz Cotes Cotes, información detallada sobre la contratación de los programas de alimentación que benefician a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayúu. En comunicación enviada a la funcionaria, el Ministerio Público pidió especificar la fundación u operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos”, informó el ente de control en un comunicado de prensa publicado este 30 de enero.
Se indicó que, además de especificar el operador contratado, el ICBF deberá informar el valor de cada contrato, el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio y toda la información de la representación legal.
Se hará un seguimiento más cercano al presupuesto que ejecutó el ICBF a través de la modalidad familiar. Se verificará que se esté cumpliendo con la entrega gratuita de leche, alimentos o complementos nutricionales y, la alimentación de niños y niñas de cero a cinco años en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Instituto.
La Procuraduría sostiene que las acciones preventivas se deben a las denuncias realizadas por las autoridades del pueblo wayuu en las que manifiestan presuntos hechos de corrupción. Aseguran que hay irregularidades en la contratación directa para la modalidad propia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Los problemas de corrupción afectan a los menores y esto se traduce en que se agrave la crisis alimentaria que padece la comunidad wayuu. Incluso, en lo que va corrido de este año, ya se han reportado dos casos de niños indígenas muertos por desnutrición. Además, hasta septiembre del año pasado, un informe de la Defensoría del Pueblo daba cuenta de que las cifras de desnutrición reportadas en la Guajira duplicaban las del resto del país.
Teniendo esto en cuenta, la Procuraduría finalizó su comunicado recordando la importancia de acatar la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional. Este fallo declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu asentados en los municipios de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure.
La sentencia fue emitida en 2017, pero hasta la fecha, según denuncian varias organizaciones de derechos humanos, no se ha cumplido.
La tarea de verificar el cumplimiento de la sentencia era del Tribunal Superior de Riohacha, sin embargo, el año pasado se evidenció que hay una falta de diligencia en la actuación de este ente. Teniendo esto en cuenta, las organizaciones encargadas de realizar la veeduría de la resolución solicitaron a la Corte Constitucional una audiencia pública para establecer los avances, obstáculos y retos presentados con relación a las órdenes emitidas. Al final, se resolvió que el alto tribunal se encargará de verificar la situación.
Tanto las organizaciones encargadas de hacer la veeduría como la Corte Constitucional indicaron que en todo este tiempo no se ha consolidado un plan de acción para cumplir el fallo. Ni siquiera se ha establecido una mesa de diálogo para escuchar a las comunidades indígenas y sus autoridades.
Ahora, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, tienen la tarea de hacer cumplir lo dispuesto en el fallo.
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