La Procuraduría General de la Nación anunció, en las últimas horas, que abrió indagación preliminar a Jhon Rojas Cabrera, gobernador de Nariño, y a Jairo Hernán Cadena Ortega, secretario de Educación departamental, por irregularidades con el Plan de Alimentación Escolar.
El Ministerio Público ya habría advertido, en septiembre de 2021, que habrían irregularidades con el PAE en los departamentos de Nariño, Magdalena y Putumayo. Además, pidió a los gobernadores que indicarán por qué no se habrían convocado los escenarios que buscan la participación del PAE, y que se deben hacer dos veces al año, al iniciar el año escolar y máximo tres meses después.
En marzo de 2021, la Procuraduría reactivó el Comité Especial para el PAE, CEPAE, para validar las acciones preventivas y disciplinarias garanticen los derechos constitucionales a la educación y la alimentación de los niños y niñas del país.
Cabe señalar que en Nariño, según información de Blu Radio, el PAE finalizó el 31 de agosto de 2021 y presuntamente se incumplió con el contrato 1050 de 2021, por lo que el procurador Judicial para la Infancia y Adolescencia solicitó se informe si se tiene prevista alguna alternativa para garantizar la prestación del PAE de manera ininterrumpida.
Más investigaciones por el PAE en Nariño
El pasado 30 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Mónica Alejandra Díaz Chacón, exdirectora del Departamento Administrativo de Contratación de Ipiales, Nariño, por presuntamente haber modificado el cronograma del proceso de licitación pública que permitiría asegurar los complementos alimenticios y almuerzos para los menores de edad inscritos en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
El caso se remonta a 2018, cuando, al parecer, la funcionaria habría modificado el cronograma de contratación que no inició en enero, sino hasta marzo de ese año, lo que significó que durante 25 días 15.593 niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en el programa se vieron perjudicados al no tener acceso integral a los beneficios de la iniciativa.
La Procuraduría, en un boletín de prensa, precisó que se “trató de menores de edad de establecimientos educativos del área urbana y rural del municipio de Ipiales, por lo que lo actuado habría estado en contravía de lo dispuesto por el Ministerio de Educación”.
El ente de control argumentó que la exfuncionaria vulneró los principios de responsabilidad y economía de la contratación estatal por desconocer el inicio del calendario escolar al modificar los plazos del cronograma. Además que no realizó el análisis de tiempos necesarios para evitar que los beneficiarios dejaran de recibir sus raciones alimentarias.
En su momento la Procuraduría calificó la falta como “gravísima a título de culpa gravísima, toda vez que la disciplinada desatendió normas de obligatorio cumplimiento”, añadiendo que el proceso fue remitido a la Procuraduría Regional de Nariño y que contra la decisión no procedía ningún tipo de recurso.
Así mismo, según la Procuraduría, la alimentación de más de 1.4 millones de estudiantes del país estaría en riesgo como consecuencia de los retrasos de la contratación del PAE y la reducción de la cobertura de los contratos.
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