Los polémicos contratos millonarios de Karen Váquiro, esposa del exasesor presidencial, Andrés Mayorquín, con el Estado, continúan en el ojo de la opinión pública. Luego de que se conociera que entre los 24 contratos que suscribió Váquiro con las entidades estatales había uno con el Ministerio de Justicia, el jefe de la cartera, Wilson Ruiz, aseguró a NotiCentro1 CM& que no estaban al tanto del caso y que “fueron asaltados de buena fe.”
Cabe recordar que Váquiro suscribió 24 contratos con cerca de 15 entidades del Estado por más de $1.245 millones de pesos, entre enero de 2020 y diciembre de 2021, al parecer, por influencia de su esposo, Andrés Mayorquín, quien se desempeñaba como asesor de la Presidencia de la República, y quien fue apartado del cargo debido al escándalo.
Entre esos contratos, Váquiro había firmado uno con el Ministerio de Justicia en 2021, según reveló NotiCentro1 CM&, por $95 millones para “apoyar la instancia de articulación con las entidades de la Rama Ejecutiva que ejercen funciones jurisdiccionales, y los compromisos que de ella se deriven.”
También puede leer: Esposa del exasesor de la Presidencia también habría firmado contratos con la Alcaldía de Bogotá
Tras descubrirse que el Ministerio de Justicia también entraba al listado de entidades que se vincularon con Váquiro, el jefe de la cartera, Wilson Ruiz, aseguró al mismo medio: “Como dijo nuestra jefe de gabinete, fuimos asaltados en la buena fe. Ya adelantamos la investigaciones correspondientes para ver en lo que corresponde al Ministerio por qué lado fue que llegó esa hoja de vida.”
Ruiz agregó que la cartera suscribió el contrato con Váquiro porque cumplía con el perfil requerido para el mismo y advirtió que, en ese entonces, nunca tuvieron problemas ella. “El contrato se asignó porque tenía una buena hoja de vida, se le contrató para temas específicos y nunca tuvo ningún inconveniente”, señaló Ruiz al noticiero bogotano, agregando que, tras los hechos, se aseguraría de revisar al detalle las hojas de vida que se reciban para firmar algún contrato.
Contraloría investigará a las entidades que contrataron a Karen Váquiro
La Contraloría General de la República dio a conocer recientemente que solicitó información detallada a todas las entidades que suscribieron contratos con Karen Váquiro, esposa del exasesor de la Presidencia de la República.
Según conoció el diario El Colombiano, el organismo de control fiscal solicitó la información a las oficinas de control interno de cada una de las entidades, entre las que se encuentran: la Agencia Nacional de Tierras, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá y el Departamento de Prosperidad Social.
De acuerdo con el mismo medio, los datos puntualmente solicitados por la Contraloría a dichas entidades fueron los informes de supervisión de los contratos, además de todos los soportes de los pagos realizados.
Hay que recordar también que, entre las otras entidades que igualmente suscribieron contratos con Váquiro, están el Icetex, la Superintendencia de Notariado, el Archivo General de la Nación, la Registraduría Nacional, el Ministerio de Cultura, y la Aeronáutica Civil.
Por el escándalo de los millonarios contratos, la Red de Veedurías solicitó a través de una carta a la procuradora, Margarita Cabello, investigar al exfuncionario de la Presidencia de la República, Andrés Mayorquín y a su esposa, Karen Váquiro Cuellar por:
”Hallarse presuntamente incurso en diversas irregularidades como son el conflicto de intereses en concurso, contrato sin el lleno de los requisitos legales, falsedad al no dar cuenta del vínculo matrimonial existente y no informar a las entidades a las cuales cada uno hacía parte, así como la falta de idoneidad y experiencia requerida para el desempeño de tales funciones por parte de la citada contratista, entre otros, logrando suscribir 24 contratos por más de $1.245 millones, 22 por contratación directa, con múltiples entidades del Estado”, se lee en la misiva.
Al respecto, solo se conoce que la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Váquiro y Mayorquín, con el fin de determinar si en “la adjudicación de contratos se presentaron irregularidades en su selección.”
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