El pasado 11 de noviembre, los nueve magistrados de la Corte Constitucional se reunieron para definir si aceptaban o no una tutela radicada por el expresidente Álvaro Uribe, que en palabras sencillas lo que pedía era que se le quitara la calidad de imputado en el proceso que tiene ahora la Fiscalía por presunta manipulación de testigos.
Los cinco votos registrados en contra de la tutela fueron hechos por Diana Fajardo, Gloria Ortiz, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Alejandro Linares. Mientras que los cuatro votos restantes para aceptar la tutela fueron de Jorge Ibáñez, Paola Meneses, Alberto Rojas Ríos y Antonio Lizarazo.
Precisamente Linares, en entrevista con Semana, dio una declaración que llevó a que el expresidente Uribe denunciara penalmente al expresidente Juan Manuel Santos. Esto dijo Linares:
“Entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes (Santos y César Gaviria), de cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas distintos, sociales, políticos, pero ellos afortunadamente no son abogados, entonces en temas jurídicos no podemos compartir argumentos jurídicos”.
Bastó decir esas palabras para que Uribe acusara a Santos de haber intervenido en ese proceso y que se diera el resultado desfavorable para el líder del Centro Democrático.
Este 23 de diciembre, el mismo magistrado Linares publicó un comunicado en el que pide perdón por lo que desató su comentario.
“Ofrezco disculpas públicas a mis colegas magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y a los mencionados expresidentes de la República, quienes se han visto enfrentados a críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores de la opinión”, señaló.
En el texto, el magistrado aseguró que frente a preguntas específicas sobre si los expresidentes Gaviria y Santos habían hecho llamadas a magistrados de la Corte, respondió de forma ambigua que tenía entendido que algunos de sus colegas habían recibido llamadas, pero que no le constaba personalmente.
“Reitero, como lo señalé en mis diferentes respuestas en la mencionada ronda de medios, que no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular. La interpretación dada por ciertas personas a mis declaraciones a los medios no se compadece con la majestad la justicia, ni con la rigurosa deliberación jurídica y el profundo y serio debate surtido en este caso”, sostuvo Linares.
Por estas declaraciones, los juristas Jaime Granados y Jaime Lombana, abogados de Uribe, adelantaron cada uno de esos procesos y aseguraron que Linares, presuntamente, había incurrido en omisión de denuncia y tráfico de influencias.
“La justicia debe ser independiente, objetiva e imparcial, libre de presiones externas, y no debe permitir que un enemigo declarado como Santos, sugiera, presione o dirija el sentido de un voto por parte de un magistrado. La conducta del magistrado Linares resulta muy censurable recordando que admitió y confesó públicamente que Santos había llamado a magistrados. Linares y Santos mancharon la dignidad de la justicia y deben ser investigados penalmente por ello”, expuso la defensa de Uribe.
Y es que el magistrado sí insistió en que no le constaba personalmente lo que estaba diciendo, pues, en muchas ocasiones, se reciben llamadas de expresidentes o personas influyentes que sugieren sus opiniones respecto a la inclinación que se debería tomar sobre un fallo u otro. “Yo debo confesar que ese tipo de llamadas que uno creería que juegan a favor de quien está llamando, generalmente juegan en contra porque eso puede afectar la independencia e imparcialidad de los magistrados, ese tipo de mensajes producen un efecto contraproducente, un efecto contrario al que se quiere lograr”, dijo a Semana.
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