En septiembre de este año el ministro del Interior, Daniel Palacios, junto al jefe de la carteera de Defensa, Diego Molano, emitió el Decreto 1139 de 2021, que modifica los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades de diferentes zonas del país.
Un texto que pasó de agache, pues solo hasta este 9 de diciembre el investigador Juan Pappier de la organización Human Rights Watch (HRW) alertó de que la aplicación de ese decreto debilita la protección de líderes sociales.
“En pocas palabras: con el pretexto de una mayor eficiencia, el decreto limita la información para tomar decisiones sobre protección, coarta la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce la protección colectiva”, explicó Pappier en su cuenta de Twitter.
Según explicó el investigador, el decreto disolvió el Grupo de Valoración Preliminar, que estaba formado por diversos actores del Estado colombiano. Ello significa que hoy el principal insumo para decidir quién recibe protección proviene de los analistas de la Unidad Nacional de Protección, equipo conformado en su mayoría por expolicías y exagentes del DAS.
“Esta medida podría ayudar a agilizar las decisiones de la UNP. Pero al mismo tiempo, impide que haya información exhaustiva que permita tomar una decisión informada sobre el riesgo que enfrentan los líderes en distintas zonas del país”, sostuvo.
Dice Pappier que incluso hay zonas del país a las que los analistas de la UNP no pueden ingresar por problemas de seguridad. “Y a veces los analistas no cuentan con información detallada e integral sobre las distintos riesgos y vulnerabilidades en regiones remotas de Colombia”, sostuvo.
Del decreto habla de los artículos 12 y 13 que limitan la información sobre el análisis de riesgo a “entidades públicas”. Por ello, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que hace años es parte del comité para decidir las medidas de protección (CERREM), ya no puede tener una participación plenamente informada.
El decreto establece en su artículo 12 que los invitados permanentes a las sesiones del CERREM, tendrán solo voz y este lo conforman: un delegado de la Procuraduría, uno de la Defensoría del Pueblo, un delegado de la Fiscalía, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y una persona de la ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada.
El investigador se refirió también del artículo 22, que establece que las medidas de protección colectiva de la UNP solo tendrán vigencia de un año, salvo que existan “nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo”.
“La legislación colombiana no contaba con un plazo similar para la vigencia de medidas de protección colectiva. Ello tenía sentido: el propósito de estas medidas debe ser modificar las condiciones de desprotección e inseguridad que se viven en varias zonas del país”, señaló.
Por otro lado, el artículo 2 del decreto también aumenta la carga de la prueba para establecer medidas de protección para los familiares de una persona en riesgo.
“Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de DDHH. Pero este decreto, en vez de fortalecer la protección, constituye un retroceso”, sostiene Juan Pappier.
Según Human Rights Watch, desde 2016 más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, el número más alto en América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron a medida que diversos grupos armados ocuparon rápidamente el vacío que dejaron las Farc y comenzaron a disputarse el control de los territorios para la producción de coca y otras actividades ilegales.
La labor que realizan algunos defensores de derechos humanos, por ejemplo, oponiéndose a la presencia de grupos armados o denunciando abusos, los ha convertido en blanco de ataques.
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