En medio del escándalo que dejó el contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la Unión Temporal Centros Poblado, la Superintendencia de Sociedades, tras adelantar diferentes actuaciones administrativas sobre ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S., decidió someterlas a la figura de control teniendo en cuenta que presentan situaciones críticas de orden jurídico, económico, contable y administrativo.
Se trata de tres de los cuatro integrantes que conformaron la UT Centros Poblados que han sido sancionadas por el MinTIC, así como por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sobre el cuarto integrante de la UT, la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación-NOVOTIC, la Supersociedades explicó que no entra en el proceso de supervisión dado que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, sujeta a la inspección y vigilancia por parte de las Gobernaciones.
Asegura la entidad que las atribuciones de inspección, vigilancia y control que ejercen sobre las sociedades comerciales, para efectos de que en su formación y en su funcionamiento se ajusten a las disposiciones del Código de Comercio y las disposiciones contables aplicables, y no para sus actividades contractuales, ni la verificación de los requisitos habilitantes dentro de los procesos de licitación pública o privada en los que participen.
El “Control” es el máximo grado de supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades sobre las sociedades comerciales no vigiladas por otras superintendencias, para ordenar los correctivos necesarios para subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo.
En firme el grado de supervisión denominado “Control”, la Superintendencia de Sociedades queda facultada para:
1. Promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución de los mismos.
2. Autorizar la solemnización de toda reforma estatutaria.
3. Autorizar la colocación de acciones y verificar que la misma se efectúe conforme a la ley y al reglamento correspondiente.
4. Ordenar la remoción de los administradores, revisor fiscal y empleados, según sea el caso, por incumplimiento de las órdenes de la Superintendencia de Sociedades, o de los deberes previstos en la ley o en los estatutos. La remoción ordenada por la Superintendencia de Sociedades implicará una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente.
A partir del sometimiento a control, se prohíbe a los administradores y empleados la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia de Sociedades. Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a lo dispuesto, será ineficaz de pleno derecho.
5. Conminar bajo apremio de multas a los administradores para que se abstengan de realizar actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones del máximo órgano social o junta directiva, o que deterioren la prenda común de los acreedores u ordenar la suspensión de los mismos.
6. Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten necesarias de acuerdo con los hechos que se observen en ellas.
7. Aprobar el avalúo de los aportes en especie, entre otros.
Es de recordar que el pasado 19 de octubre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, el próximo 3 de noviembre para que declare contra cuatro congresistas que estarían involucrados en el escándalo de la Unión Temporal Centros Poblados. La exfuncionaria deberá presentarse ante el magistrado Misael Rodríguez Castellanos, quien tiene a cargo el caso.
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