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Colombia es un país que se caracteriza por tener un alto porcentaje de empleo informal, además, de la modalidad de prestación de servicio que no ofrecen las garantías necesarias a los trabajadores. Por un lado, el Departamento Administrativo Nacional (Dane), señaló en el más reciente informe que durante el trimestre de junio-agosto se contabilizaron 5,36 millones de trabajadores informales en las 23 principales ciudades del país. Por otro lado, según datos de 2019, cerca de 3.5 millones de personas, entre el sector público y privado, tienen un contrato de esas características que se renueva permanentemente.
Estos datos presupone retos importantes para el país en temas de empleabilidad y garantías para los trabajadores, pues aunque este modelo crea un ingreso mensual para una gran parte de la población del país, lo cierto es que a futuro puede tener consecuencias negativas en temas de ahorro, vacaciones, salud, pensión, seguro laboral entre otros.
De acuerdo con un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solo el 52,50 por ciento de la población percibió al menos una prestación social el año pasado y el restante que equivale a un 47,50 por ciento, unos 23 millones de personas según los cálculos realizados para el 2020, no tuvo acceso a ninguna de ellas.
Recordemos que la ley colombiana estipula que, las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar adicionalmente del salario ordinario o mínimo, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de una actividad laboral y así brindarle un beneficio al trabajador. Algunas de estas son: prima, cesantías, vacaciones entre otras.
“El porcentaje de colombianos que recibe alguna prestación social aumentó especialmente después de las ayudas creadas durante la pandemia, antes de dicha coyuntura era solo el 30 por ciento. Estas no necesariamente tienen que ser dinero en efectivo, puede ser el acceso a la universidad pública. A futuro sería necesario definir esquemas de transferencia que le permitan a las personas hacer transacciones específicas. Por ejemplo, pagar servicios públicos, transporte masivo, alimentación”, indicó Freddy Castro, actual director de la Banca de la Oportunidades al diario nacional de El Tiempo.
Las cifras registradas en el país va en la línea de los resultados que se han presentado a nivel internacional. Pues la OTI cálculo que solo el 47 por ciento de la población mundial estuvo cubierta por al menos una prestación de protección social el año pasado, mientras que el 53 por ciento no tuvo acceso a ninguna.
Sin embargo, si se compara con países de las américas Colombia se va rajando, pues en países como Canadá y Uruguay el 99,80 y 93,80 por ciento, cuentan con sus debidas prestaciones sociales. Seguidos de Estados Unidos, en el que el 76,10 por ciento de la población tiene al menos una protección. En Chile ese porcentaje es de 70,20 por ciento, en Brasil de 69,90 por ciento, en Argentina con 63,80 por ciento y en México de 62,40 por ciento.
Por otro lado es importante señalar que, por debajo de Colombia en este sentido se encuentran países como Bolivia, en el que solo el 46,60 por ciento de sus ciudadanos cuenta con al menos una protección, Ecuador que tan solo asegura este tipo de beneficios para el 34,80 por ciento de su población y Perú que más del 70% carece de protección social, entre otros.
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