El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, confirmó que retiró las denuncias contra tres de los cuatro congresistas citados a indagatoria por una posible partición en el escándalo de la unión temporal Centros Poblados.
El líder del organismo ciudadano publicó un tuit en el que manifestó que “Por caso MinTIC-Centros Poblados hoy a las 9 a. m., ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Pablo Bustos de la Red de Veedurías de Colombia declarará sobre posible participación de parlamentarios incluido Armando Benedetti”.
Sin embargo, fue precisamente ese último senador, hoy aliado de Gustavo Petro en la Colombia Humana, quien no quedó exento de las declaraciones de Bustos, que sí se retractó sobre las acusaciones levantadas contra Daira Galvis y Antonio Zabaraín de Cambio Radical; y Mauricio Gómez Amin del Partido Liberal.
Fue el propio jefe de la red de veedurías quien lo confirmó durante las últimas horas de la tarde al señalar que “ofrece disculpas ante la Corte Suprema de Justicia a senadora Daira Galvis, Mauricio Gómez Amin y Antonio Zabaraín dado que a la fecha no militan en su contra pruebas de responsabilidad en el caso Mintic-Centros Poblados, distinto a Armando Benedetti”.
También señaló, a través de esa red social, que durante su audiencia con el magistrado Rodríguez solicitó que se reciba la declaración Emilio Tapia y demás vinculados de Centros Poblados a cambio de beneficios penales, con el objetivo de conocer la información que estos han asegurado tener, durante las últimas semanas, sobre otros congresistas, y en general políticos, que habrían participado del entramado de corrupción que terminó en la pérdida de 70.000 millones de pesos entregados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación en calidad de adelanto.
Valga recordar que la semana pasada se conoció una carta en la que Tapia, también conocido como el Zar de la Contratación le ofrecía a la Fiscalía entregar información privilegiada sobre los actores involucrados en la creación de Centros Poblados y las posteriores maniobras que les permitieron hacerse con un contrato para llevar conexión de Internet a los colegios públicos de 15 departamentos del país.
Según reza la misiva: “manifiesto mi plena disposición para comparecer a efectos de dar a conocer, de manera amplia, detallada y circunstanciada cuanto conozco del caso. Por lo tanto, solicito ser escuchado en aras del deber que me asiste, amén de la exposición mediática a la que he sido sometido, de contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la verdad. Ello, sin perjuicio del DERECHO DE PETICION que presento para que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Nacional, se me informe qué despacho adelanta la mencionada indagación, cuál es su número de radicado y si en la misma figuro como indiciado, eventualidad ante la cual tampoco me asiste ningún reparo para comparecer y dar cuenta de todo cuanto está a mi conocimiento”.
Así las cosas, el único parlamentario que continúa en proceso ante el alto tribunal es Armando Benedetti pues, según la exministra Karen Abudinen, fue este quien la llamó para solicitar la cancelación de la audiencia de revocatoria del contrato.
En ese sentido, el senador barranquillero deberá prepararse para rendir indagatoria ante el mismo magistrado. Dependiendo de si puede, o no, demostrar su inocencia, deberá enfrentarse a una investigación formal por el delito de tráfico de influencias. Las fechas para dicha diligencia todavía no han sido estipuladas.
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