La Contraloría aseguró que ya se decretaron las medidas cautelares sobre los bienes de los implicados, con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales en la presunta apropiación, por parte de empresarios, de un anticipo de 70.000 millones de pesos que entregó el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados.
El proceso de responsabilidad fiscal que abrió el ente de control involucra tanto a los empresarios contratistas como a quienes habrían tramitado la garantía bancaria falsa, con la que se sustentaron los requisitos financieros para acceder a la licitación del contrato, para construir más de 700 centros digitales en colegios rurales.
“Por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más $70 mil millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados, la Contraloría General de la República vinculó formalmente al proceso fiscal que adelanta por estos hechos a los señores Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara”, señaló la Contraloría.
Tapia, conocido como el zar de la contratación y condenado por corrupto en la construcción de la troncal de la Calle 26 de Transmilenio en Bogotá, es señalado de ser el cerebro en la sombra de la Unión Temporal Centros Poblados, ya que tenía relación con las cuatro empresas que conformaron el consorcio. Además, parte de los recursos del anticipo, presuntamente, terminaron en sus manos.
Ángel Cáceres es fundador la empresa Novotic, una de las cuatro de Centros Poblados. Declaró a la Fiscalía que el interés en su empresa en la UT era ser la única con experiencia en tecnología, está dispuesto a firmar un principio de oportunidad con la verdad que pretende contar, que indica que habían acordado un 50/50 con Tapia. Esa empresa antes se denominaba Funtics, según la Contraloría, que fue liquidada en 2019 por un escándalo de corrupción, de acuerdo a Caracol Radio.
Laverde fue uno de los primeros tres capturados por la Fiscalía en medio del proceso, miembro de la Rave Compañía de Seguros y es señalado como el intermediario de la garantía bancaria falsa que permitió descubrir todo el presunto entramado de corrupción en el contrato. Él habría intercedido con Jorge Alfonso Molina García para conseguir el documento.
Molina García también ha declarado en medio del proceso y aseguró que Laverde lo buscó luego de no poder conseguir las pólizas con las compañías bancarias, según informó el diario El Espectador. Él tramitó el documento en una hora y lo entregó, además señaló que Tapia era socio del agente de seguros.
Lastre Vergara, de acuerdo con el diario El Tiempo, es el gerente general del proyecto centros digitales 2020 en el cual Centros Poblados ganó la licitación, y fue vinculado por el testimonio de Luis Fernando Duque.
El proceso de la Contraloría fue abierto en agosto, cuando se denunció la garantía falsa y se inició la búsqueda de 70.243 millones entregados a Centros Poblados como parte del anticipo para el inicio del proyecto.
La Contraloría anunció que también investiga las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020. Por lo que en el proceso fiscal hay otros vinculados inicialmente.
Se trata de Adriana Vanesa Meza Consuegra, representante legal de Funtic; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, supervisor del contrato. También aparece Giancarlo Ibañez Piedrahita, representante legal de la fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
A ellos se suman Carlos Enrique Páramo Samper, representante legal de Fundación de Telecomunicación, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Olmedo Cabrera Mosquera, de ICM Ingenieros; Intec de la Costa S.A.S, representada legalmente por Hugo Armando Canabal Hoyos; Omega Buildings S.A.S., representada legalmente por Juan Sebastián Vergara Ortega, entre otros.
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