El pasado 2 de agosto, los medios nacionales hicieron público que un juez ordenó un presunto embargo de las cuentas bancarias de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por 30.000 millones de pesos. Junto a la compañía, la Alcaldía de Bello y nueve entidades vinculadas a la construcción de la planta de aguas residuales de Niquia habrían resultado afectadas por la decisión. Esto se debe a que los habitantes de esta región interpusieron una acción en grupo argumentando malos olores provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras.
A pesar de la mediática noticia, replicada por la prensa local y nacional, la empresa aseguró no haber sido notificada de la medida cautelar sobre sus cuentas bancarias. Así lo confirmó por medio de un comunicado a la opinión pública, con fecha del 2 de agosto de 2021.
“Por información que ha circulado en medios de comunicación, EPM ha tenido conocimiento informal de un decreto de una medida cautelar de embargo de sus cuentas bancarias, dentro del trámite de una acción promovida por algunos ciudadanos”, expresó la entidad.
De esa forma, la empresa contó que sí fue notificada por el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín sobre las acciones legales que habían emprendido los vecinos del sector. Esto, sin que se hubiese decretado una medida cautelar contra la empresa.
“A la fecha, repetimos, EPM no ha sido notificada ni comunicada por parte de ningún juzgado civil del municipio de Bello del decreto de medida cautelar alguna por hechos similares”, reiteró el grupo empresarial.
A pesar de no haber sido notificados, lo que sí conoció la empresa de servicios públicos fue que los ciudadanos realizaron una nueva acción legal en contra de ellos ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello. “Aparentemente, ha ordenado el embargo de cuentas, entre otras, de entidades como EPM y Aguas Nacionales EPM, hasta por la suma de $30.000.000.000″, comentó, en referencia a los montos del embargo que hizo noticia el pasado lunes.
“EPM, por obvias razones, espera conocer, detallada y formalmente esta información para poder pronunciarse oficialmente sobre el contenido de las órdenes aparentemente impartidas”, finalizó el comunicado, con fecha del 2 de agosto.
Según lo conocido en medios nacionales, la Planta de Aguas Residuales Aguas Claras lleva al menos dos años emanando malos olores y excrementos, lo que ha afectado a 10.000 personas, de las cuales 100 interpusieron la acción contra los constructores de esta planta.
Con esta directriz del juzgado, supuestamente, las entidades no podrán retirar o mover dinero de los bancos Davivienda, Bancolombia, Banco de Occidente, AV Villas y Banco de Bogotá, en donde tienen sus cuentas.
De acuerdo con Blu Radio, las otras entidades que también correrían con la misma suerte son: Área Metropolitana, Aguas Nacionales (filial de EPM), Hidroestación, consorcio Aguas del Aburrá y los contratistas HMV Ingenieros, Nippon Koei, Sedic, Hyun Engineering y Poyry.
De acuerdo con el segundo inspector de Bello, Juan Sebastián Montoya, las personas que viven a los alrededores perdieron una parte de la inversión de sus hogares, pues sus viviendas bajaron de valor y necesitan ser reparadas por los daños ocasionados.
“Esto, según los demandantes, produjo un desvalor en sus viviendas, propiedades en un 50 % y tuvo unos daños morales y como consecuencia se buscó una reparación de grupo para todos estos perjuicios”, contó.
De acuerdo con la página oficial, Aguas Nacionales, filial del Grupo EPM, es la encargada de la operación y el mantenimiento de la planta de tratamiento Aguas Claras EPM, la cual es, desde su concepción, “una obra de infraestructura sostenible, ambiental y socialmente, enfocado no solo en la construcción de infraestructura para el saneamiento del río Aburrá-Medellín, sino también en generar desarrollos urbanísticos y paisajísticos para la comunidad”.
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