La Contraloría General de la República entregó el ejercicio de la llamada función de advertencia con un pronunciamiento al Gobierno Nacional frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo, donde le señala varios riesgos que se corren con el mismo, empezando porque el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32% en los próximos tres años.
Para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales
Con el control fiscal y preventivo que realizó en este caso la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, el organismo de control identificó riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria.
La razón principal del Gobierno para acometer este proyecto es garantizar el suministro de gas en el país, considerando que -de acuerdo al “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028” que elaboró la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) - existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024 (más drástico que los ocurridos en los últimos 20 años), lo que hace necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha, dado el alto consumo de gas que se proyecta.
Llama la atención a la Contraloría que la UPME plantee la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico, para suplir ese déficit de gas natural que se presentaría a partir de enero de 2024, toda vez que si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma UPME, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit.
En el estudio de la UPME se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de 9 años de reservas de gas de producción nacional, es decir hasta cerca del 2030. Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta.
La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones.
La convocatoria pública de la UPME tiene por objeto seleccionar el inversionista que se encargará, a todo riesgo del adjudicatario, de la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y transporte de gas natural y Servicios Asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico conformada por la Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.
Preocupante impacto tarifario:
En cuanto a los impactos tarifarios, según lo informado por la CREG a la Contraloría, estos solo se podrán obtener en forma posterior a la adjudicación y durante la operación del proyecto.
Sin embargo, la evaluación preliminar de la UPME, contenida en el “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028”, esboza un escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado. Ejemplifica así que, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024, es decir un incremento del 32% en tres años, situación preocupante dado su impacto económico para la gran mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible.
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