El próximo mes de septiembre continuará el extenso litigio por la soberanía en el mar Caribe que Nicaragua reclama a Colombia desde inicios del siglo XXI. La Corte Internacional de Justicia citó una nueva visita oral para ampliar los alegatos de cada país.
La audiencia se cumplirá a partir del próximo 20 de septiembre y, de acuerdo a la citación, se hará de manera virtual y presencial para algunos de los miembros diplomáticos y el equipo jurídico de cada nación.
“La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de Naciones Unidas, celebrará audiencias públicas en el caso relativo a Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua vs. Colombia), a partir del lunes 20 de septiembre de 2021, en el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la Corte”, dice la circular de prensa emitida por el organismo internacional.
Debido a la pandemia de covid-19, se usará un formato híbrido, en el que algunos de los miembros de la Corte estarán de manera presencial en el Gran Salón de la Justicia de la Haya y otros oirán a través de un link. Así mismo podrán hacerlo los representantes de las partes, en persona o de manera virtual.
El caso se remonta a inicios de 2001 cuando Nicaragua sometió ante La Haya una primera demanda por la titularidad sobre territorio y la delimitación marítima de la frontera en el mar Caribe con Colombia. El gobierno del país centroamericano reclamó titularidad del archipiélago de San Andrés y Providencia, así como de los de cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla, que yacen al norte del Archipiélago de San Andrés y están situados dentro del golfo formado por las costas de Centroamérica y Colombia en el Caribe occidental.
En 2012, la CIJ resolvió esos alegatos y estableció nuevos límites marítimos entre los dos países, otorgando una fracción de decenas de miles de kilómetros cuadrados del territorio marítimo colombiano a la jurisdicción de Managua, incluso dejando algunas islas enclavadas en aguas territoriales de Nicaragua.
Sin embargo, el organismo internacional de justicia reconoció la soberanía colombiana sobre las islas e islotes ubicados en el territorio en disputa, contario a lo que alegaba Nicaragua. Pese a lo cual continuaron las tensiones debido al temor colombiano de la vulneración de los derechos de la población en el Caribe y, por parte de Nicaragua, el incumplimiento de la decisión por parte de Colombia.
Así, Nicaragua en 2013 inició un nuevo proceso ante la Corte Internacional de Justicia, asegurando que Colombia podría violar la decisión de ese mismo tribunal emitida el año anterior y, según denunciaron, había una amenaza de posible uso de la fuerza para el acatamiento de los nuevos límites territoriales.
Colombia alegó la competencia de la CIJ que se definió años después y posteriormente el país también contestó a la demanda de Nicaragua. Señaló que el país centroamericano incumplió su deber se proteger y preservar el medio marino del sur del mar Caribe; de incumplir la debida diligencia de permitir a los habitantes de San Andrés aprovechar el medio ambiente; infringir los derechos de pesca artesanal de los habitantes de las islas y extender las aguas más allá de lo que permite el derecho internacional con la adopción del decreto 33-2013 del 19 de agosto de 2013 por parte de Nicaragua.
Nicaragua debió contestar a mediados de 2019 y el proceso continúa ahora con una nueva escucha de las partes por parte de los miembros de la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, las relaciones con el país centroamericano se han deteriorado a causa de acciones del gobierno de Daniel Ortega que han sido rechazadas por Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno nacional, y a raíz de los hechos violatorios de las garantías democráticas, de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense, llamó este miércoles a consultas al embajador de Colombia en ese país, Alfredo Rangel.
Según la Cancillería, el llamado obedece al compromiso del Gobierno de Colombia con los valores y principios consignados en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de la OEA. “Expresamos nuestro rechazo a la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua”, manifestó la entidad.
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