El sonido de las explosiones es la alarma de los pueblos indígenas de Antioquia, que cada día viven con el miedo de morir o quedar heridos por una mina antipersonal. Este 15 de julio se conoció que desde 2020 hasta la fecha, estos detonantes han dejado diez muertos y diez heridos, de los cuales cuatro fallecidos y cuatro sobrevivientes son menores de edad. La denuncia la hizo la la Organización Indígena de Antioquia (OIA), que tilda esta práctica como “miserable”.
Ellos señalaron a los grupos armados al margen de la ley como los responsables de este hecho. Es sabido, y confirmado por las autoridades que en el departamento operan las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la Nueva Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), el Ejército Popular de Liberación (Epl), también conocidos como ‘Los Pelusos’, y el grupo narcoparamilitar ‘Los Rastrojos’.
Todos estos grupos armados ilegales hacen presencia especial en Antioquia, ya que este es un punto estratégico para controlar rutas de narcotráfico. Los distintos grupos delincuenciales se disputan el territorio y atacan a los civiles, especialmente a campesinos e indígenas.
De hecho, el último ataque a los indígenas se reportó esta misma semana, y según la OIA, los responsables serían miembros del ELN. Todo sucedió en la comunidad embera eyabidá, del Resguardo del río Chageradó (Murindó, Antioquia), el 13 de julio a las 8:00 a. m., y la víctima fue Diego Ballarín, de 26 años.
Según el Sistema de Alertas Tempranas de la OIA, el hecho ocurrió puntualmente en el corredor biológico del Chocó biogeográfico. Ballarín es padre de familia y, como la gran mayoría de los embera, vive de la tierra y se alimenta de los cultivos de pancoger. De hecho, la mina personal explotó justamente donde se encontraba realizando labores propias de preparación de la tierra para sembrar sus cultivos de plátano y sobrevivir con su familia.
Actualmente Ballarín ya está en Medellín, la capital de Antioquia, y es atendido por personal médico capacitado, pero su vida sigue en riesgo. Lo que más preocupa es que el hombre no pudo recibir la ayuda pertinente a tiempo, pues los guardas indígenas no se atrevieron a trasladarlo enseguida porque corrían el riesgo de pisar más minas en el camino, además, de estar amenazados por los grupos armados.
Ante el hecho, la OIA expresó su rechazo e hizo un llamado al Gobierno del presidente Iván Duque y a grupos de derechos humanos para que vigilen la situación.
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