“Esta barbarie tiene que parar”: Comisión de la Verdad sobre la represión del Estado colombiano a las manifestaciones ciudadanas

La Comisión de la Verdad de Colombia manifestó este martes su “profunda preocupación” por la represión violenta por parte de miembros de la fuerza pública contra la población civil que se ha manifestado legítimamente en el paro nacional que cumple su séptima jornada en el país.

La institución, creada a instancias del Acuerdo Final de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de los ciudadanos que han sido asesinados durante las protestas en todo el territorio nacional contra “la pobreza, la inequidad, el hambre, el desempleo y la exclusión”.

“Los disparos, muertos y heridos en Cali y en otras ciudades, que han sido constatados por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son inaceptables y nos producen un hondo dolor. Esta barbarie tiene que parar”, aseguró la comisión.

La institución, que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, reclamó la responsabilidad individual que recae sobre los miembros la fuerza pública, no sin antes rechazar cualquier tipo de violencia durante las multitudinarias movilizaciones que se han presentado en todo el país desde el pasado miércoles 28 de abril.

Por tal razón, hicieron una invitación a proteger el legítimo derecho a la protesta social, señalado que aquellos ciudadanos que cometan delitos durante estas jornadas deben ser dispuestas ante las autoridades judiciales competentes.

“Proteger la vida humana es la tarea fundamental de quienes tienen a cargo la seguridad. El empleo de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una medida extrema que solo se justifica cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas”, puntualizó la entidad.

A su vez, mencionaron que tanto las protestas pacíficas, como las justas reivindicaciones que han sido expresadas durante las manifestaciones, y que se han llevado a cabo en las diferentes regiones del país, “no se pueden criminalizar”.

De igual manera, señalaron que es primordial establecer diálogos donde participen las organizaciones que han convocado las protestas y a la ciudanía para “responder con grandeza sus exigencias legítimas”, a la vez que es indispensable llegar a acuerdos y cumplirlos.

“Pedimos la máxima atención a los clamores de respeto por sus derechos de una ciudadanía indignada y rechazamos la estigmatización y la respuesta violenta del Estado a la protesta social, porque son factores determinantes de la persistencia del conflicto armado como hemos podido constatar en la búsqueda de la verdad histórica”, concluyó la Comisión de la Verdad.

Según la organización defensora de derechos humanos en Colombia, Temblores ONG, al menos han sido asesinados 31 ciudadanos por miembros de la fuerza pública durante las jornadas de protesta, que este martes 4 de mayo cumplen siete días de movilizaciones en contra del Gobierno nacional.

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