Tras una reunión entre el 20 y 21 de abril en la ciudad de Medellín, representantes de las Mesas Mineras del Pacífico, el Bajo Cauca, Antioquia, Caldas, Córdoba y el Sur de Bolívar, además de asociaciones indígenas y afrodescendientes, anunciaron que se irán a paro nacional el próximo 13 de mayo.
Así mismo, crearon la Mesa Minera Nacional, con la que buscan liderar el paro y piden que se retire el proyecto de Ley 059 de 2020, e insta a los integrantes de la Comisión Primera del Senado, al presidente Iván Duque y al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, a realizar un diálogo nacional de todos los actores involucrados en la problemática de la minería informal, sumado a la exigencia de que cese la estigmatización contra la actividad lícita y legítima del barequeo, reconocida constitucional e internacionalmente.
También pidieron respaldo y demandaron la pronta aprobación de los proyectos de Ley 440 de 2020 que cursa en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre bancarización al sector minero, y el proyecto de Ley 314 de 2020 que cursa en la Comisión Quinta del Senado por el cual se ordena la legalización y formalización de la pequeña minería y la minería tradicional en Colombia.
Cuestionaron el abandono del Estado a los mineros de subsistencia, que atenta contra sus derechos y el de los integrantes de las comunidades indígenas y afros de las que hacen parte, y reclaman con urgencia, de un lado, la necesidad de la formalización de los procesos de los mineros tradicionales de la que cientos de miles de familias viven a lo largo del territorio nacional, y que cese la persecución del Gobierno, de la Fiscalía y en especial de la Policía y el Ejército Nacional contra ellos y su actividad.
En 2020, el Gobierno nacional a través de los ministerios de Minas y Energía, Defensa, Justicia, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, radicaron el polémico proyecto de Ley 059 con el que argumentaron buscan fortalecer las medidas para la erradicación de la explotación ilícita de minerales, con instrumentos que permitan judicializar con mayor contundencia toda la cadena relacionada con este flagelo que atenta contra el medio ambiente y las comunidades.
“La minería ‘con todas las de la ley’ cumple con altos estándares técnicos, sociales y ambientales, y genera recursos que se traducen en obras y beneficios para el país y las regiones. Por el contrario, la explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente, se apropia de recursos de todos los colombianos y es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. El país cuenta con pocas herramientas para combatirlo y por eso este proyecto de ley busca poner mano dura contra este delito”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
Para el Gobierno nacional, la explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación, según el informe del IDEAM 2019 y, de acuerdo con el estudio de evidencias de oro de aluvión (EVOA), realizado por el Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, la explotación ilícita de oro ascendió a 65.000 hectáreas en 2018. Afecta, principalmente, a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Chocó, con reportes en tres Parques Nacionales Naturales: Puinawai, ubicado en territorios de los departamentos de Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare y Caquetá; Paramillo, ubicado en Antioquia y Córdoba; y Farallones, en el Valle del Cauca.
“Estas actividades de extracción ilícita de minerales generan impactos sobre el ambiente afectando los recursos agua, aire, suelo y biodiversidad en las zonas intervenidas. En este sentido, este proyecto de ley es un instrumento adicional a los ya existentes en la lucha contra la deforestación, la contaminación de los suelos, aire, agua, flora y fauna por sustancias químicas como el mercurio”, señaló en su momento Ricardo Lozano, exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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