Procuraduría pide al Consejo de Estado que desestime la demanda de pérdida de investidura en contra de Petro

Lo que está pasando en este momento con Gustavo Petro parece ejemplificar a la perfección el dicho que reza que “la política es dinámica”. Tras años de luchar contra la Procuraduría General de la Nación, en los tiempos en que era dirigida por Alejandro Ordoñez, para no perder su investidura, ni quedar inhabilitado por su gestión como alcalde de Bogotá; una nueva administración del Ministerio Público acaba de salir en su defensa.

De acuerdo con un informe del diario El Espectador, la Procuraduría pidió esta tarde al Consejo de Estado que desestime una demanda de pérdida de investidura que fue presentada en contra del senador de Colombia Humana durante el segundo semestre del año pasado, por desconocer en reiteradas ocasiones la legitimidad del presidente de la República, Iván Duque, y llamar a la desobediencia civil.

Vale recordar que, Petro emitió dichas opiniones luego de que se conocieran los audios en los que, José Guillermo ‘El Ñeñe’ Hernández conversa, aparentemente, con María Claudia ‘Caya’ Daza sobre la necesidad de conseguir más financiación “bajo la mesa” para la campaña del actual mandatario colombiano.

Bajo ese contexto, explicó el diario colombiano, fue que llegó la demanda interpuesta por el abogado José Abuchaibe, quien alega que, al hacer esas declaraciones en una columna de opinión, y ratificarlas en vivo durante una entrevista en W Radio, el líder de izquierda violó el artículo 183 de la Constitución Política.

“Irrespeta la dignidad parlamentaria que obtuvo por ley y que utiliza, dado su reconocimiento e importancia social e institucional, para influir sobre la comunidad, crear pánico y zozobra”, se lee en la demanda de Abuchaibe al respecto de la desobediencia civil.

No obstante, para la Procuraduría, y aunque Petro sí pudo haber incurrido en una violación al régimen de deberes, tanto las presuntas faltas del parlamentario como los argumentos presentados en la demanda no son lo suficientemente fuertes como para validar una pérdida de investidura. Estos últimos, señalan, carecen de criterios fácticos, jurídicos ni probatorios.

Por ello, en medio de la audiencia, la procuradora delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Carrillo, le pidió a ese alto tribunal mantener la investidura política del senador y explicó que el caso se debería estudiar en el escenario de que la posible sanción por violar el régimen de deberes de congresista sería disciplinaria.

Según citó El Espectador, para la delegada de la Procuraduría “es claro que toda manifestación de los servidores públicos se debe entrar a valorar desde el principio de responsabilidad con el conglomerado social, pasando por la protección de los derechos fundamentales (...) En gracia de discusión, considera esta delegada que dichas manifestaciones podrían ser materia de estudio y debate en un escenario distinto al judicial por la eventual trasgresión de las disposiciones del estatuto del congresista, si así lo considera esta Sección y realiza las revisiones correspondientes en la sentencia”.

Por esos motivos, concluye el Ministerio Público, “la Procuraduría Séptima Delegada solicita que no se acceda a la solicitud por cuanto no se encuentran probadas las causales alegadas por los demandantes”.

Cabe anotar que, en el mismo proceso también se demanda a Petro por recibir dineros de funcionarios públicos —$95.000 de una docente de Cartagena; $120.000 de otro docente de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia; y $150.000 una empleada de la Contraloría General que donó— para su campaña presidencial en 2018, por lo que también se pide pérdida de investidura.

No obstante, tanto la defensa de Petro como la Procuraduría coinciden en que el hoy senador no fungía como servidor público al momento de la recepción de los dineros, por lo que no se cumplen los requisitos del artículo 110 de la Constitución Política de Colombia, y se espera que dicho proceso tampoco prospere.

Hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales de Petro, Abuchaibe o el Consejo de Estado sobre el parte de la Procuraduría.

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