Partidos políticos firman carta para rechazar mesa intersectorial que busca unificar las cifras de los asesinatos de líderes sociales

La idea del Gobierno nacional para unificar las cifras de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en relación con el asesinato de líderes sociales, sigue generando rechazo. Este martes 9 de febrero, más de 30 congresistas pertenecientes a los partidos políticos Polo Democrático, Partido Verde, Comunes, Dignidad, entre otros, firmaron y enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que aseguran que la iniciativa mencionada tendría un efecto negativo.

“Con mucha preocupación recibimos su decisión de crear una “mesa intersectorial” para unificar la información y la metodología de investigación de homicidios de líderes sociales, con un rol preponderante y fundamental de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía. (...) Coincidimos en que este espacio de supuesta articulación tiene el potencial de afectar la independencia del Ministerio Público y repercutir negativamente en la prevención verificación y seguimiento de las agresiones a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, se lee en la carta.

Los congresistas explicaron que la iniciativa omitiría información recopilada por la Defensoría a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), incluso, se omitirían denuncias hechas por organizaciones sociales relacionadas a este tema, lo que podría ocasionar una revictimización de los afectados.

Teniendo esto en cuenta, los congresistas manifestaron en su carta que esperan que el Gobierno deje a un lado la polémica iniciativa y, por el contrario, propusieron fortalecer el SAT y el Plan de Acción Oportuna (PAO), que tiene como objetivo prevenir y proteger los derechos a la vida y a la libertad de los activistas de derechos humanos y ambientales del país.

“Este es un insumo clave de información para la toma de decisiones tendientes a prevenir, verificar y hacer seguimiento a toda agresión en contra de personas líderes sociales y defensores de derechos humanos”, argumentaron los políticos.

Es importante detallar que los firmantes de la carta son: Jorge Londoño Ulloa, Alexander López Maya, Juan Castro Córdoba, Antonio Sanguino Páez, Iván Marulanda Gómez, Jorge Enrique Robledo, Germán Navas Talero, José Polo, Sandra Ortiz Nova, Gustavo Bolívar, Jorge Gómez, Pablo Catatumbo Torres, Luis Albán Urbano, Juanita Goebertus, Wilmer Leal, David Racero Mayorca, Oscar de Jesús Restrepo, Victoria Sandino, Katherine Miranda Peña, Abel Jaramillo Largo, Leon Fredy Muñoz, Jairo Cala, Aida Avella, Feliciano Valencia, Angélica Lozano Correa, Iván Name, Wilson Arias, María José Pizarro, Neyla Ruiz Correa, Carlos Carreño, Fabián Díaz, Mauricio Toro Orjuela, César Pachón, Jesús Alberto Castilla e Inti Asprilla.

Así mismo, Iván Cepeda y Angela María Robledo también firmaron esta carta. Cabe recordar que, estos dos congresistas, el pasado 5 de febrero, también enviaron un derecho de petición al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el que le manifiestan su preocupación por la medida y solicitan que responda cuatro preguntas puntuales sobre el tema:

- ¿Continuará la Defensoría del Pueblo realizando el registro y consolidación de una base de datos de conductas vulneratorias contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales de manera autónoma e independiente?

- ¿La Defensoría del Pueblo seguirá informando al país y a la comunidad internacional, de manera periódica, los hallazgos y resultados del ejercicio de registro y consolidación de agresiones a personas defensoras de derechos y humanos y líderes sociales?

- ¿Cuál será la labor de la Defensoría del Pueblo en el proceso de unificación de información relacionada con los crímenes de líderes sociales en el país anunciado por el presidente de la República?

- ¿Continuará la Defensoría cumpliendo con las funciones que estableció el Decreto 2124 de 2017, especialmente las relacionadas con la verificación y procesamiento de los escenarios de riesgo de violaciones de los DDHH e infracción al DIH?

Cepeda y Robledo manifestaron que con esta decisión se pone en riesgo la “autonomía e independencia” de la Defensoría, debido a que esta ha venido realizando un importante trabajo en sus labores de monitoreo y de advertir a los organismos judiciales, autoridades locales y Fuerza Pública los peligros que podrían presentar comunidades o líderes sociales en el país.

“Preocupan los anuncios hechos por la Fiscalía General de la Nación, al establecer que solo esta entidad podrá contar con funcionarios en terreno para documentar las circunstancias y el contexto de determinado crimen en el país”, indicaron en el documento.

A su vez, resaltaron la función humanitaria de la entidad que hace las veces de Estado en las regiones apartadas en el territorio nacional, donde ha conocido las comunidades y sus demandas y la presencia institucional es precaria.

De igual manera, recordaron que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha sido reconocido por la comunidad internacional, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil en su labor de seguir y registrar las violaciones de derechos humanos a los líderes sociales del país.

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