La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum participó hoy en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se presentó el informe del organismo internacional sobre la Misión de Verificación, liderada por Carlos Ruiz Massieu.
Este 2021 se cumple el quinto año del plazo de 15 años previsto para implementación del Acuerdo de Paz en su totalidad entre el Estados colombiano y las Farc. Por lo que el secretario General de la ONU, António Guterres, instó a ambas partes y a los actores colombianos a que trabajen juntos para proteger logros alcanzados y a acelerar el impulso de los asuntos pendientes.
En esta reunión, la canciller Blum fue la encargada de entregar detalles por parte del gobierno sobre lo descrito en ese último informe, ante el consejo integrado por China, Estados Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Francia, India, Irlanda, Kenia, México, Nigeria, Noruega, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Túnez, Vietnam.
La canciller destacó entre los avances que, el informe reconoce la disminución considerable de la violencia en los últimos cuatro años en Colombia, reducción que ha sido una tendencia importante que viene desde 2002.
Además, dijo que el informe destaca los resultados de las inversiones sociales en beneficio de las comunidades afectadas por décadas de violencia y describe los avances en la reincorporación de excombatientes y en otros aspectos de la implementación del acuerdo, firmado en 2016.
Estos logros demuestran el compromiso indeclinable del presidente Iván Duque con la paz en Colombia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo de territorios que han vivido en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Frente a los retos prioritarios, la canciller se refirió a las amenazas que afectan a comunidades, líderes y excombatientes, que según el informe de la ONU ascienden a 248 asesinatos de excombatientes de las extintas Farc.
“La comunidad internacional conoce que el acuerdo se firmó entre dos partes en 2016, en medio de otras fuentes de violencia que existían. Grupos armados ilegales que persisten en varias zonas del territorio y otros que han surgido, exacerbados todos por el narcotráfico y otras economías ilegales, son una amenaza contra la seguridad de los colombianos”, explicó la funcionaria.
Sobre este punto, Blum expuso avances en medidas de protección, en investigaciones judiciales y en la acción estatal contra esos grupos ilegales, como elementos centrales de la respuesta integral del Estado ante esas amenazas.
La canciller ratificó que “las víctimas están en el centro de todos nuestros esfuerzos” e informó la reciente prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años. Destacó que “el gobierno del presidente Duque ha entregado más de 220 mil indemnizaciones individuales a víctimas por un total de 498 millones de dólares, además de reparaciones de carácter colectivo”.
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU aseguró que, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, hubo un respaldo presupuestal para el Sistema de Justicia Transicional durante 2020, en el que se asignaron 148,4 millones de dólares, distribuidos así: 82,7 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz; 39,8 millones para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y 25,9 millones para la Comisión de la Verdad.
La ministra Blum se refirió a la carta que envío Iván Duque al secretario General y al Consejo de Seguridad para que se considere la adición al mandato de la Misión de Verificación, lo relativo a la verificación del cumplimiento de las sanciones propias que adopte la JEP.
“Esta solicitud tiene como objetivo asegurar el elemento reparador, de verdad y justicia, que deben cumplir los sancionados que han cometido crímenes. Es necesario que el pueblo colombiano pueda confiar en el sistema de justicia para avanzar en la reparación a las víctimas y la convivencia nacional”, expresó la alta funcionaria.
En su discurso terminó por decir: “Aunque nos falta un camino por recorrer, la política de Paz con Legalidad contribuye a avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica. El apoyo de la comunidad internacional es esencial en este proceso”.
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