Hace cinco meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría General de la Nación contra Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá en 2013. En ese momento, el ente de control era encabezado por Alejando Ordóñez, quien fue crítico del ahora senador e impulsó su agenda ultraconservadora.
El órgano internacional dijo que no se pueden restringir los derechos políticos de una persona elegida por cargo de elección popular, algo que sembró dudas sobre el rol del Ministerio Público para sancionar a funcionarios públicos.
Así las cosas, el ente de control ya tiene una respuesta que tiene como objetivo disipar las dudas después del fallo, según recoge El Espectador.
El proyecto para los cambios sería presentado en marzo en la discusión del Congreso y plantea modificaciones en el sistema de sanciones de la Procuraduría para funcionarios que ganaron elecciones y estén involucrados en actos de corrupción.
El texto, que conoció RCN Radio, dice que el Ministerio Público tendrá la competencia para investigar o sancionar funcionarios, pero da muchas más garantías en casos de una condena disciplinaria y dice que el Consejo de Estado podrá revisar el fallo.
El proyecto de decisión sancionatoria disciplinaria que llegare a resultar de las actuaciones de la Procuraduría, en el evento que conlleve destitución e inhabilidad general de servidores públicos elegidos por voto popular, tendrá control automático jurisdiccional.
Se establece, además, la impugnación y se bajan aún más los tiempos para que la Procuraduría presente los fallos finales.
Se propone que, al concluir los términos de la indagación preliminar, de la investigación disciplinaria o el previsto en la ley para fallar, deberá proyectarse la decisión que en derecho corresponda en un plazo máximo de tres meses, so pena de pérdida de competencia y reasignación de la actuación a otra dependencia.
Finalmente, se indica que en las sanciones que no impliquen destitución e inhabilidad general, “se continuarán aplicando las reglas” que rigen actualmente el sistema disciplinario.
<b>Procuraduría pidió garantías en el caso del exfiscal Luis Gustavo Moreno</b>
Este 4 de enero de 2021, la Procuraduría solicitó a la juez tercera de ejecución de penas que se traslade al exfiscal Luis Gustavo Moreno a la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, según conoció Blu Radio. El argumento del Ministerio Público es que se desacató una orden judicial sobre su sitio de reclusión.
El viernes 8 de enero, Moreno deberá declarar en cuatro procesos dentro del ‘Cartel de la Toga’ en los que aparecen mencionados el expresidente del Congreso Hernán Andrade, el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba, la exrepresentante a la Cámara por el Putumayo Argenis Velásquez y el exsenador Martín Emilio Morales.
Según el Ministerio Público, Moreno sí habría influido para que se tomaran decisiones judiciales que favorecieran a los congresistas dentro de procesos en la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, la Procuraduría, de acuerdo a lo conocido por la emisora, dijo estar preocupada por el traslado Moreno a la cárcel La Modelo en Bogotá.
En el oficio, el ente de control dice que fue clara la vulneración al derecho fundamental del exfiscal Moreno, pues ya el juzgado 75 de control de garantías había ordenado recluirlo en la Escuela de Posgrados de la Policía.
Para la Procuraduría, en el caso del exfiscal Moreno, se trata de un sentenciado a quien se le deben brindar todas las garantías a fin de que continúe prestando su colaboración a la justicia.
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