El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló este martes a los ex mandatarios Evo Morales y Luis Arce como responsables directos de la actual crisis económica y defendió la eliminación del subsidio a los combustibles como una decisión necesaria para encaminar al país hacia la recuperación.
Paz aseguró que su gobierno está “teniendo el valor” de tomar medidas que permitan superar la situación, a diferencia de sus antecesores.
“Evo Morales y Arce nos han puesto en esta situación. Nosotros estamos teniendo el valor de tomar las decisiones que le corresponde a un mejor futuro para la patria, pero además con una visión que genere economía y que sea sostenible en el tiempo”, expresó el mandatario en La Paz.
El jefe de Estado, que asumió el cargo el pasado 8 de noviembre, explicó ante periodistas que la subvención a la gasolina y el diésel representaba un gasto diario de 10 millones de dólares, recursos que ahora serán destinados a “proyectos que perduren en el tiempo y generen economía”.
Según Paz, los gobiernos anteriores mantuvieron una política de subsidios insostenible, lo que agravó el déficit fiscal y limitó la capacidad del Estado para invertir en sectores estratégicos.
“Los bolivianos tenemos que elegir, o continuar con ese pasado que nos ha dejado esta crisis económica, moral, ética, con instituciones heridas o vinculadas a la corrupción, o cambiar nuestro comportamiento y darnos una oportunidad”, enfatizó.
El decreto 5503, vigente desde la semana pasada, estableció incrementos del 86% en el precio de la gasolina y del 162% en el diésel respecto al valor subsidiado, una política que rigió durante más de dos décadas en Bolivia.
El gobierno de Paz sostiene que mantener la ayuda estatal demandaría en 2026 un gasto de 3.500 millones de dólares, equivalente al 6,4% del producto interno bruto, y asegura que el país no tiene margen fiscal para mantener este esquema.
“Uno no toma decisiones tan duras porque lo desea de esa manera, sino porque aunque en este momento sean difíciles, a futuro serán el amplio camino del desarrollo”, agregó el presidente, quien ratificó que su administración no dará marcha atrás con la medida.
La decisión gubernamental desató una ola de protestas en las principales ciudades del país. Este martes, una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) derivó en enfrentamientos con la Policía en los accesos a la plaza Murillo, sede del poder político en La Paz.
Los manifestantes, en su mayoría mineros y trabajadores fabriles, intentaron ingresar por la fuerza, lanzando petardos y detonando cargas de dinamita para romper el cerco instalado por las fuerzas de seguridad. Los policías antimotines respondieron con gas pimienta y gases lacrimógenos. Tras los choques, los manifestantes bloquearon la avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales vías de la ciudad.
El líder sindical Andrés Paye defendió la protesta y justificó la utilización de explosivos como reacción a lo que consideró una provocación policial.
“Le decimos al Gobierno y a la Policía que no estén gasificando. Vean ustedes, nosotros estamos aquí y ellos provocan”, declaró el dirigente minero.
Sin embargo, el presidente Paz diferenció entre el derecho a la protesta y el uso de la violencia. “El derecho a la protesta es justo, pero el derecho a hacerle daño a otro boliviano no es correcto”, afirmó, subrayando la necesidad de preservar la estabilidad social.
La COB, que en el pasado fue aliada política de los gobiernos de Morales y Arce, convocó a una huelga general indefinida contra el decreto, aunque solo el sector minero acató la medida de forma masiva.
En otras regiones, como Chuquisaca y El Alto, grupos de campesinos y vecinos bloquearon rutas estratégicas en rechazo al aumento del precio de los combustibles. El gobierno declaró que respeta la movilización siempre que no se vulneren los derechos de terceros y reiteró que no habrá negociaciones si la única condición es derogar el decreto.
Paz destacó que las protestas no han sido masivas y atribuyó esto a la “madurez” de la población, que, según él, comprende la importancia de preservar la estabilidad.
“El país sabe que tenemos que salir adelante y el país va a vencer a unos cuantos que quieren que entremos a un conflicto entre bolivianos”, concluyó. La crisis económica y la tensión social plantean el primer gran desafío para el nuevo gobierno, que apuesta a un ajuste estructural para sentar las bases de una recuperación de largo plazo.
(Con información de EFE)
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