El Gobierno de Panamá anunció este lunes que tomará medidas contra varios buques petroleros registrados bajo su bandera luego de que Estados Unidos interceptara al menos una de estas naves en el mar Caribe por presuntas violaciones a la normativa marítima y por su posible vinculación con el transporte de crudo venezolano destinado a esquivar sanciones internacionales.
El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, afirmó en declaraciones a la televisión local Telemetro que los buques implicados “no han respetado la legislación marítima panameña”, una conclusión preliminar que abre la puerta a sanciones administrativas, incluida la cancelación de su registro naval.
El sábado, autoridades estadounidenses confiscaron el supertanquero Centuries tras su salida de aguas venezolanas. El buque, que navegaba bajo bandera panameña, fue interceptado en el Caribe en una operación encabezada por la Guardia Costera estadounidense, según informó The New York Times.
La Casa Blanca sostuvo que el Centuries formaba parte de la llamada “flota fantasma” utilizada para transportar petróleo venezolano al margen de los controles internacionales, y aseguró que la nave enarbolaba una “bandera falsa” como parte de un esquema de evasión de sanciones.
De acuerdo con el diario neoyorquino, el buque no figuraba formalmente en la lista de sancionados por Washington y pertenecía a una empresa petrolera con sede en China que transporta crudo venezolano hacia refinerías asiáticas, un circuito comercial que ha ganado relevancia desde el endurecimiento de las sanciones contra Caracas.
Martínez-Acha detalló que la investigación panameña detectó múltiples irregularidades: cambios recientes en el nombre del buque, inconsistencias en la identidad de la tripulación y la desconexión deliberada del transpondedor, el sistema que permite rastrear la posición de las naves en tiempo real.
“Estas son señales de alerta que nos obligan a actuar para que el pabellón panameño sea respetado y cumpla con el derecho marítimo internacional”, señaló el canciller, sin precisar aún qué sanciones concretas se aplicarán.
El domingo, Washington informó además que llevaba a cabo una “persecución activa” de un tercer petrolero en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. Según autoridades estadounidenses, se trataba de un buque sancionado que también operaba bajo un esquema de ocultamiento de identidad y contaba con una orden judicial de incautación.
Medios como CNN y Axios identificaron a esa nave como el Bella 1, otro tanquero de bandera panameña sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU por presuntos vínculos con Irán, lo que ampliaría el alcance de la investigación más allá del caso venezolano.
Panamá administra uno de los mayores registros navales del mundo, con más de 8.800 buques inscritos, una posición que le otorga peso estratégico en el comercio marítimo global, pero que también lo expone a riesgos reputacionales cuando su pabellón es utilizado para operaciones opacas.
Las autoridades panameñas indicaron que siguen los incidentes “muy de cerca” y que las decisiones finales dependerán de los resultados de las investigaciones en curso, en un contexto de creciente presión internacional sobre las redes que facilitan el comercio petrolero sancionado.
La ofensiva de Estados Unidos contra estos buques forma parte de un endurecimiento progresivo del control sobre las exportaciones de crudo venezolano, uno de los principales sostén financieros del régimen de Nicolás Maduro. Desde la imposición de sanciones al sector petrolero en 2019, Washington ha buscado cerrar las vías alternativas que permiten a Caracas seguir colocando su petróleo en el mercado internacional, lo que ha derivado en la proliferación de redes marítimas opacas que operan mediante cambios de identidad, banderas de conveniencia y la desconexión deliberada de sistemas de localización.
Estas prácticas no se limitan al caso venezolano. En los últimos meses, EEUU ha aplicado estrategias similares contra buques vinculados al transporte de crudo iraní y ruso, en una campaña más amplia para debilitar los circuitos energéticos que sostienen a economías sancionadas fuera de los canales formales.
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