José Gabriel Espinoza, ministro de Economía de Bolivia: “El subsidio al combustible era una expresión de la corrupción”

El Gobierno de Rodrigo Paz atraviesa la primera turbulencia social. Cuando se cumplían 40 días de gestión, el presidente y sus ministros anunciaron un paquete de medidas económicas para iniciar la estabilización de las finanzas públicas.

De los 120 artículos que incluye el Decreto Supremo 5503, publicado el 17 de diciembre, uno centró el debate público y detonó el conflicto: la eliminación del subsidio a los combustibles. La medida, que muchos consideraban ineludible porque su importación y la corrupción alrededor generan uno de los mayores gastos públicos, se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

El efecto multiplicador que puede tener esta disposición en el aumento del costo del transporte y el precio de los alimentos ha provocado protestas de diversos sectores y aunque el Gobierno se mostró dispuesto al diálogo, afirmó que no dará marcha atrás.

En una entrevista con Infobae, el ministro de Economía y uno de los autores del decreto, José Gabriel Espinoza, explicó la norma, aclaró algunas contradicciones con el discurso de la campaña y habló sobre los siguientes pasos para salir de la crisis que golpea al país sudamericano desde hace más de dos años.

-Ministro, se había mencionado que las medidas económicas se asumirían en marzo, después de las elecciones autonómicas. ¿Cómo se gestó el decreto y qué aceleró su promulgación?

-Nunca se dijo que las medidas iban a venir en marzo, esa fue una comprensión de algunos medios de prensa y reforzada por algunos analistas. El proceso para construir este decreto arranca hace varias semanas y constituye la expresión política de la visión que tenemos hacia el país, tiene que ver con una desregulación del sector público, con una apertura a las inversiones extranjeras y con la necesidad de salir de un subsidio que era una expresión de la corrupción a partir de una medida de control estatal.

-¿Hubo algún espacio de diálogo con organismos internacionales durante la formulación del decreto?

-El plan que nosotros tenemos es un plan nuestro, no tiene que ver con programas externos o visiones externas. El decreto ha sido formulado por un equipo de personas que trabajan en el gobierno, el 100% son bolivianos.

-Durante la campaña electoral hubo consenso en modificar la política de subsidios, pero estaba en cuestión el gradualismo de su aplicación. Rodrigo Paz era uno de los candidatos que planteaba una aplicación gradual en comparación con sus adversarios. ¿Por qué se optó por una medida de shock?

-Evidentemente en la campaña había la posibilidad de ir por otra forma de levantamiento del subsidio. Sin embargo, la situación que se encontró apenas asumido el gobierno y el alto grado de corrupción que representaba el subsidio, nos llevó hacia una decisión que implica salir completamente de él de una sola vez. Esto también tiene que ver con la responsabilidad hacia la gente, no es posible iniciar un proceso paulatino porque los reclamos sociales habrían sido los mismos, pero también los impactos inflacionarios. Es decir, una vez salido el subsidio, los precios suben y si vuelves a ajustar los precios, eso también termina impactando de una manera mucho más profunda en la dinámica de precios.

-También hubo un cambio de postura sobre la dependencia del financiamiento externo en relación a la campaña. ¿Por qué el cambio de opinión?

-En este caso nosotros nos oponíamos a un proceso de endeudamiento que iba a perpetuar la gestión de los recursos como lo hacía Luis Arce, que tomaba créditos para pagar importaciones de combustible. La otra fuerza electoral que competía contra nosotros planteaba lo mismo: un fuerte proceso de endeudamiento para luego revisar el esquema de subvenciones y abastecimiento de combustibles. Eso no era factible, no se podía arrancar con un gran alto grado de endeudamiento si primero no ordenabas la casa. Nosotros en cuanto llegamos empezamos a desmontar redes de corrupción, a ordenar las cuentas y el mercado cambiario. Es decir, empezamos a preparar el escenario para poder salir del subsidio de una manera responsable. Entonces, una vez ordenada la casa, el financiamiento llega y tiene un destino diferente. Los dólares que llegarán, por ejemplo, del crédito aprobado de la CAF, ya no se van a destinar a la importación de combustibles en la magnitud que se podrían haber destinado si el subsidio se mantenía.

-Algunos analistas creen que al no haberse considerado una tarifa especial para el transporte, el efecto de la inflación va a ser mayor. ¿Qué medidas van a asumir para evitarlo?

-Las medidas sociales que están incluidas en el decreto atacan directamente los problemas de las dos puntas de la población vulnerable: los adultos mayores y los niños. Adicionalmente, le damos una serie de medidas tributarias a varios sectores, entre ellos el autotransporte, que permitirán mitigar el incremento de costos. Está absolutamente claro que no debería haber un incremento mayor por esto y porque en los últimos meses del gobierno de Arce habíamos tenido un fuerte proceso inflacionario producto del desabastecimiento de combustible, que es el equivalente a un incremento de precios del combustible.

-Usted menciona dos polos de vulnerabilidad, la infancia y los adultos mayores, pero el incremento de la Renta Dignidad para los adultos no es significativo. ¿Por qué no se ha considerado un aumento de las jubilaciones?

-Esto se va a tratar de manera diferenciada porque implica un análisis de equilibrio fiscal.

-¿Puede fijar un plazo?

-Va a ser en las primeras seis semanas del año que viene. Habrá un anuncio sobre el nuevo presupuesto y también sobre el resultado del análisis presupuestario para el incremento de las jubilaciones.

-En los primeros días de aplicación del decreto, hubo protestas en las calles de varios sectores. ¿Cómo van a resolver el conflicto si las manifestaciones se descontrolan?

-Por ahora las protestas han sido relativamente pequeñas. Los puntos de bloqueo han estado constituidos por 20 a 30 personas, no han sido significativos. Hoy en la tarde (viernes) varios ministros que fueron designados por el presidente para hablar con el sector del autotransporte y estaban llegando a acuerdos, o por lo menos a un inicio de acuerdo. Creo que esta perspectiva de una fuerte movilización social que se había tratado de instalar el día de ayer, a partir de una alianza circunstancial entre varias fuerzas políticas opositoras y algunos políticos del pasado, no ha sido tal.

-¿El diálogo con los sectores fue después de emitir el decreto? ¿No hubo ningún acercamiento previo?

-Primero, hay que entender que este tipo de medidas no se consensúan porque tienen que ver con la responsabilidad y la situación en que se encuentra como Gobierno. Segundo, evidentemente no se ha anunciado a los sectores este tipo de medidas para evitar entrar en un proceso especulativo. Ahora sí es necesario tener un momento de diálogo con los sectores para explicar la medida y plantear los cambios que se están dando.

-A pesar de las reformas que plantea el decreto, éste no parece resolver el núcleo del problema que es la falta de dólares porque el combustible internamente se paga en bolivianos. ¿De dónde van a sacar dólares para no depender del financiamiento?

-Con el subsidio, cerca del 30% del combustible se iba por contrabando. Eso significaba que había una sobredemanda de dólares para la importación. Hoy, con los nuevos precios, el incentivo a contrabandear al exterior ha desaparecido y estimamos que vamos a tener una reducción significativa, entre 20 y 30%, de demanda de dólares. Además, con este nuevo sistema de precios, se abre la posibilidad de incorporar actores privados a la cadena de provisión. Ahí ya tienes una solución estructural al problema de las divisas para la importación de combustible.

-¿Cuánto es el 30% que menciona?

-Al mes se necesitan más o menos 260 millones de dólares para la importación de combustibles, así que estamos hablando de una reducción de unos 78 millones de dólares en la demanda de divisas.

-Sobre la disponibilidad de dólares, alguna gente cuestiona que no se controle la repatriación de divisas a los exportadores. ¿Por qué no han considerado esta medida?

-Poner una regla de control de capitales habría sido sumamente ineficiente porque desincentiva las exportaciones del sector formal y le da razón al sector informal para permanecer en la informalidad, y eso es precisamente contra lo que estamos luchando. Por otro lado, en los últimos años del gobierno de Luis Arce hubo una caída significativa de las exportaciones del oro, por ejemplo, lo que sugiere que hubo una exportación ilegal de ese producto. Lo mismo sucede en el caso de la carne o del grano, se sacaba desde Bolivia hacia Argentina para poder exportarlo de ahí y obtener divisas.

-Hay expectativa sobre la liberación del tipo de cambio. ¿Qué tiene previsto el Gobierno para resolver la crisis cambiaria?

-Bueno, estas son medidas que no se anuncian, pero buscamos un régimen de flotación donde las bandas permitan controlar la volatilidad del tipo de cambio, pero que no intervengan en el precio, que sea el mercado el que forme el precio del tipo de cambio. El Banco Central está trabajando para llevar adelante esas modificaciones.

-Algo que preocupa a los ahorristas es saber cuándo van a poder retirar sus dólares del banco. ¿Hay un plazo estimado?

-Estamos esperando que las reservas del Banco Central empiecen a tener una tendencia creciente, una acumulación de liquidez. Durante el segundo trimestre del 2026, (espero que) ya tengamos la posibilidad de abrir la devolución de los depósitos, por lo menos a las personas naturales y luego a todos los depositantes en dólares.

-Otro cuestionamiento tiene que ver con las empresas públicas. Ustedes han mencionado que solo tres de 67 son rentables. ¿Van a cerrar las deficitarias?

-El decreto es absolutamente claro: prohíbe el financiamiento de empresas estatales con el Banco Central. Sin embargo, muchas de estas empresas públicas fueron creadas con leyes y por lo tanto, para su liquidación, requerimos que el Congreso nos permita liquidarlas, no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo y el Congreso tiene un rol importante que jugar.