EEUU revocó el visado a un miembro del Tribunal Electoral y un consejero del CNE de Honduras por “obstaculizar el recuento de votos”

En medio del conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias en Honduras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes la aplicación de restricciones de visado a funcionarios hondureños señalados por presunta interferencia en el escrutinio de votos de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre.

Los resultados de la jornada electoral aún no se han difundido oficialmente. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que se revocó el visado de Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por “obstaculizar el recuento de votos en el proceso electoral democrático de Honduras”.

Además, la cartera a cargo de Rubio informó que se rechazó la solicitud de visado presentada por el político y consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa. En paralelo, el documento señala que se han iniciado procedimientos para restringir la entrada a otra persona vinculada con el mismo proceso.

Al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, también le fue revocada la visa, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Estas medidas se amparan en lo dispuesto por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU, que permite vetar el ingreso a quienes “realicen actividades que podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense”.

Rubio subrayó que “EEUU no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región”, e indicó que la administración evaluará “todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes obstaculicen el recuento de votos en Honduras”.

“Las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y escuchadas”, agregó en su publicación en X, en la cual posteó el comunicado.

El anuncio de Estados Unidos se produjo un día después de que el CNE comenzara el escrutinio especial de las 2.792 actas con inconsistencias en medio de crecientes tensiones y denuncias de fraude, a más de veinte días de los comicios.

Con el 99,80% de los votos contabilizados, los datos difundidos por el CNE ubican al candidato Nasry Asfura (Partido Nacional) al frente con 40,54% de los votos, seguido por Salvador Nasralla (Partido Liberal) con 39,20%.

El recuento se lleva a cabo en el Centro Logístico Electoral en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) de Tegucigalpa, bajo la observación de delegados nacionales e internacionales.

Las autoridades estadounidenses también instaron el jueves pasado al CNE de Honduras a iniciar de forma inmediata el escrutinio especial para definir el resultado de las elecciones presidenciales, en medio de una crisis creciente por la falta de claridad sobre el ganador, más de dos semanas después de los comicios.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado subrayó que el CNE debía “iniciar el recuento especial de votos de las elecciones presidenciales de noviembre” para desactivar las denuncias de fraude y brindar certeza a la ciudadanía. El comunicado advirtió también que “cualquier llamamiento a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias”.

Por otra parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras instó este miércoles a todos los actores políticos a “evitar confrontaciones” y participar institucionalmente en el conteo especial de las actas con inconsistencias.

En un mensaje difundido en X, la misión subrayó: “(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”.

El recuento especial, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había programado para el 13 de diciembre, enfrentó múltiples aplazamientos por problemas administrativos, falta de acreditaciones de partidos y obstáculos tecnológicos.

En ese contexto, la OEA reiteró su llamado a partidos, autoridades y fuerzas de seguridad para “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” expresada en las elecciones generales del 30 de noviembre.

El organismo advirtió que garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio” es responsabilidad del Gobierno y alertó que cualquier falla en este aspecto podría afectar de manera directa la integridad del proceso electoral y el sistema democrático hondureño.

Este pronunciamiento se produjo poco después de que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, solicitara de manera pública la presencia reforzada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), centro donde se encuentran almacenados los materiales electorales, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libre.