Ministros bolivianos explican la liberación del subsidio a los combustibles: “Entendemos la magnitud de las medidas”

Los ministros de Economía e Hidrocarburos de Bolivia, José Gabriel Espinoza y Mauricio Medinaceli, explicaron este jueves el decreto emitido por el gobierno de Rodrigo Paz que, entre otras cosas, incluye lo que muchos consideraban inevitable: la eliminación del subsidio a los combustibles. Con esta medida de aplicación inmediata, la gasolina registró un incremento del 86,1% y el diésel del 163%.

“No se podía mantener. Es nuestra responsabilidad avanzar hacia la estabilización de la economía (…) somos conscientes de la magnitud de las medidas que hemos tomado”, manifestó el ministro Espinoza en conferencia de prensa esta mañana y anunció que abrirá espacios de diálogo con los diferentes sectores.

El ministro de Hidrocarburos explicó que el monto proyectado para la importación de combustible en 2026 era de 3.500 millones de dólares. Según datos oficiales, cerca del 30% del producto importado se desvía al contrabando, lo que supondría una pérdida anual de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

“La gente estaba consciente de que el subsidio es una enfermedad y había que solucionar de forma rápida y responsable”, manifestó Medinacelli y señaló que uno de los objetivos centrales es eliminar el “mercado negro” de los carburantes. “Nadie se va a llevar el diésel a Perú, Brasil o Argentina, el diésel que compramos para los bolivianos se quedará en Bolivia”, acotó Espinoza.

El decreto emitido señala que los nuevos precios fueron fijados por un periodo transitorio de seis meses hasta un nuevo ajuste. La ruta del Gobierno plantea aumentar progresivamente la importación de petróleo para incrementar los volúmenes de gasolina refinada localmente.

“Evidentemente este decreto tiene un impacto muy grande en el tema de los precios, pero definitivamente tiene una parte social que nosotros estamos cuidando”, afirmó el ministro de Economía y consideró que la subida de precio de los alimentos no será significativo en comparación con el aumento que hubo desde que iniciaron los problemas de abastecimiento de dólares y combustible hace más de dos años.

En paralelo a la nivelación de precios del combustible, el gobierno diseñó un esquema de compensaciones sociales que aumenta el salario mínimo en 20% -y lo fija en 3.300 bolivianos, equivalente a 300 dólares al tipo de cambio del mercado-, y aumenta algunos bonos como la Renta Dignidad para adultos mayores (43%) y un bono anual para estudiantes (50%).

Analistas económicos observan que el esquema está centralizado en el sector formal de la economía pese a que Bolivia es el país con la tasa más alta de informalidad en la región: 83,9% de los trabajadores son informales y no gozan de salario garantizado, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Para este segmento, el shock del diésel se traduce en mayores costos de transporte y de insumos, pero sin una red de protección equivalente”, señala el analista económico Gonzalo Chávez, que apunta que también habrá una presión mayor en el empleo formal y las empresas privadas para mantener la subida de los salarios.

La decisión del Gobierno genera posiciones encontradas. Algunos sindicatos de choferes, como los del Transporte Pesado, habían manifestado anteriormente su respaldo a la medida que se anunciaba inminente. Sin embargo, otros anunciaron que se reunirán en las próximas horas para definir el nuevo precio de los pasajes.

“Realmente lamentamos que el Gobierno haya resuelto ir por lo más fácil, el quitar la subvención al combustible (...) creemos que había sectores que no merecían tener ese trato y que podría haber un trato diferenciado, pero, ni lo uno ni lo otro”, señaló José Orellana, dirigente del transporte Federado de Cochabamba en una entrevista con Unitel.

Los bolivianos atraviesan desde hace más de dos años periodos prolongados de escasez de combustible, principalmente de diésel, debido a la baja producción local y las crecientes dificultades de importación. El país compra cerca del 90% del diésel y el 56% de la gasolina necesarios para cubrir la demanda interna y hasta ayer lo vendía a un precio subvencionado.

Según datos oficiales, cada semana se necesitan cerca de 60 millones de dólares para importar carburantes, lo que representa uno de los mayores gastos públicos. Esta situación ha sido uno de los detonantes de la crisis económica actual que ha generado escasez de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas, donde la moneda norteamericana se cotiza a más del doble del tipo de cambio oficial.

En ese contexto de crisis, había cierto consenso en modificar la política de subsidios, pero se discutía el grado de su implementación y las medidas de contención social para los sectores vulnerables frente al ajuste. Según un estudio de Oxfam, eliminar el subsidio a los combustibles puede aumentar la pobreza moderada y extrema en 2,5% y 1,5% respectivamente.

En un mensaje televisado, el presidente justificó que “los bolivianos saben que nos tenemos que sincerar con los hidrocarburos” y calificó el decreto como “una decisión histórica de salvataje de la patria” que permitirá “actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo”.