La Corte Suprema de Brasil condenó este martes a los últimos cinco acusados de la trama golpista liderada por el ex presidente Jair Bolsonaro, imponiendo penas de entre ocho y 26 años de prisión.
Con este fallo, el máximo tribunal brasileño cierra el proceso judicial sobre uno de los episodios más graves de ataque a la democracia en el país, tras los hechos ocurridos después de las elecciones presidenciales de 2022.
El tribunal halló culpables a Filipe Martins (ex asesor presidencial), Mario Fernandes (general de la reserva), Marcelo Costa Câmara (coronel), Silvinei Vasques (ex director de la Policía de Carreteras) y Marília Ferreira de Alencar (ex jefa de Inteligencia del Ministerio de Justicia).
Las condenas individuales fueron de 21 años para Martins, 26 para Fernandes, 21 para Costa Câmara, 24 para Vasques y ocho para Ferreira de Alencar.
La Fiscalía General sostuvo que todos tuvieron algún tipo de responsabilidad en la conspiración, y las penas se fijaron según el grado de participación de cada uno.
El proceso judicial involucró a 31 acusados, de los cuales 29 fueron condenados, con penas que en conjunto superan los 400 años de prisión. La sentencia más severa recayó sobre Bolsonaro, considerado por la corte como el líder del complot.
El ex presidente fue condenado a 27 años de cárcel, tras ser señalado como el principal responsable de la operación que buscó revertir el resultado electoral que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. La sentencia contra Bolsonaro se declaró firme el 25 de noviembre, fecha en la que comenzó a cumplir su condena en instalaciones de la Policía Federal, después de haber violado medidas cautelares e intentar dañar una tobillera electrónica.
El intento de golpe de Estado tuvo su punto culminante el 8 de enero de 2023, cuando manifestantes asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, apenas una semana después de la investidura de Lula. La investigación judicial determinó que la conspiración se gestó incluso antes de las elecciones, con la participación de altos funcionarios y militares.
Entre los condenados, Filipe Martins destacó por su papel como enlace entre los sectores radicales brasileños y la ultraderecha estadounidense, especialmente con Steve Bannon, antiguo colaborador de Donald Trump. Según la corte, Martins fue uno de los redactores de un proyecto de decreto que proponía anular los comicios, intervenir la Justicia electoral y detener a varios magistrados, incluido Alexandre de Moraes, quien posteriormente asumió la relatoría del caso.
Mario Fernandes fue hallado culpable de planear atentados contra figuras clave del gobierno y la justicia, entre ellas el presidente Lula, el vicepresidente Geraldo Alkmin y el juez De Moraes.
Los otros sentenciados también ocuparon posiciones estratégicas en la estructura estatal, lo que, según la Fiscalía, facilitó la articulación del complot.
En el ámbito político, la condena de los implicados ha provocado un intenso debate en el Congreso. Sectores de la extrema derecha, junto con partidos de centro que dominan el Parlamento, impulsan un proyecto de ley para reducir las penas impuestas a los condenados. Aunque la propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, enfrenta una fuerte resistencia en el Senado, donde su futuro permanece incierto.
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