La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes que otorgó medidas cautelares a favor de nueve nicaragüenses privados que fueron condenados a penas de hasta 133 años por un ataque armado contra una caravana de sandinistas, que dejó cinco personas muertas y 40 heridos en julio de 2014.
En su resolución, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor de esos nueve hombres tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, “toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Nicaragua” bajo la custodia del régimen que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los beneficiados con medidas cautelares son Walter Balmaceda y su hijo de su mismo nombre, Jairo Obando, Eddy Gutiérrez, Zacarias Cano, Rosendo Huerta, Leonel Poveda, José Olivar Meza y José Ricardo Cortez, de acuerdo con la resolución de la CIDH.
La Justicia nicaragüense declaró culpable a los acusados por los delitos de conspiración, proposición para la ejecución de delitos de crimen organizado en concurso real de asesinato, lesiones gravísimas y daño agravado.
La caravana fue atacada cuando los sandinistas regresaban de celebrar en un acto de masas el aniversario 35 de la caída del presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle.
Según CIDH, los beneficiarios se encuentran sin acceso a atención médica adecuada para tratar sus afectaciones de salud y en condiciones precarias de detención, que incluirían la falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y celdas insalubres.
Además, estarían siendo objeto de amenazas por parte de los agentes penitenciarios. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su reglamento, ese organismo solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias.
También que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.
Asimismo, que se garantice que no sean objeto de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario; se asegure el acceso a atención médica adecuada y especializada, tratamientos y medicamentos, e inmediatamente, se realice una valoración médica integral sobre su situación de salud.
Además, que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
(Con información de EFE)
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